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La hora cero de la implementación del proceso de paz con las Farc arrancó hace un par de semanas y desde ya los obstáculos saltan a la vista, como el que acaba de advertir el fiscal general de la Nación: durante el año que acaba de pasar, y aun con el cese el fuego ya sobre la mesa, los homicidios en zonas de posconflicto aumentaron con respecto a 2015. Es un dato que contrasta con la reducción de asesinatos a nivel nacional, pues en 2016 se contabilizaron unos 38.000, mientras que el año anterior se contaron cerca de 41.000.
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Los investigadores de la Fiscalía identificaron ocho zonas de “consolidación del posconflicto” en donde los homicidios van en aumento frente a 2015: Amazonas con un 46 %, Norte de Santander 45 %, Chocó 38 %, Córdoba 34 %, Tolima 29 %, Antioquia 25 %, Nariño 20 % y Huila 16 %. Al cruzar datos, se hace evidente que en cinco de esos departamentos hay veredas designadas para campamentos de los guerrilleros que van a entregar las armas: Antioquia, Córdoba, Norte de Santander, Tolima y Nariño.
En diálogo con El Espectador, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), aseguró que las cifras dadas por la Fiscalía tienen un problema de diagnóstico al catalogar las zonas como de “consolidación del posconflicto”. Restrepo, quien aseguró que la Fiscalía tiene una falla histórica en tratar de comprender las dinámicas del crimen en Colombia, le manifestó a este diario que el aumento de los homicidios en estas zonas históricas de la guerra en Colombia —tal vez con excepción de Amazonas— se debe a la avanzada militar del el Eln en los últimos años, donde la presencia del grupo guerrillero ha sido de larga data, como Norte de Santander y Chocó.
Por ende, afirma Restrepo, la Fiscalía no tendría cómo sostener que en las zonas de posconflicto exista un aumento de la violencia. Incluso, el mismo informe señala que en 2016 el secuestro y la extorsión bajaron en todo el territorio colombiano, sin excepción: 31 % y 24 % menos, respectivamente.
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Desde el inicio de los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc en agosto de 2012, inteligencia militar ha venido notando cómo el Eln trata de hacerse a los espacios donde las Farc mandaban. El Cerac manifestó en febrero de 2015 que la guerrilla del Eln aprovechó el cese el fuego unilateral de las Farc para intensificar sus acciones. Según el estudio, mensualmente ocurrían 29 combates en el país, mientras que en ese momento se registraron sólo nueve, de los cuales siete combates fueron liderados por el Eln.
La Fundación Paz y Reconciliación reportó una disminución en las acciones del Eln el año inmediatamente anterior, con un leve descenso (352 acciones) con respecto a 2014 (401).
En Antioquia y Córdoba, tres de los departamentos donde la Fiscalía señaló el aumento de homicidios en 2016, las autoridades han señalado que allí también operan los Grupos Armados Organizados (GAO), como el Clan Úsuga, el más grande del país. El año pasado, dice el Ministerio de Defensa, los departamentos donde más se capturaron miembros de GAO fueron precisamente Antioquia (1.000) y Córdoba (270).
Esos lugares coinciden con las regiones donde, de acuerdo con la Unidad de Víctimas, más gente se ha reportado como víctima de los GAO. Hay otros departamentos que también coinciden con las que la Fiscalía denomina “zonas de consolidación del posconflicto”, donde los asesinatos están creciendo, como Chocó, Norte de Santander y Nariño. La Unidad estima que son cerca de 332.000 personas las que se han reportado víctimas de los GAO desde 2010 en todo el país y esas denuncias incluyen al menos unos 8.000 asesinatos.
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El panorama por ahora es confuso. Movimientos sociales y partidos de izquierda han denunciado un notorio incremento en el asesinato de líderes sociales y solo la cifra del Gobierno en esa materia ya es escandalosa: 58 víctimas de este tipo. Este año se espera que arranque formalmente la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales, una petición incluida en el Acuerdo Final con las Farc. Las alertas están ahí y este nuevo dato de la Fiscalía es un campanazo más sobre la violencia posacuerdo que podría desatarse en el país.