Ante nuevas amenazas, líderes sociales se sienten desprotegidos

Defender los derechos humanos en Bogotá se ha convertido en un trabajo heroico. Entre 2015 y 2016, al menos 203 personas denunciaron amenazas ante la Secretaría de Gobierno. El mes anterior, una biblioteca comunal fue incinerada y la fachada de la casa de un líder baleada.

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Entre 2015 y 2016 llegaron 203 peticiones de seguridad por amenazas a la Secretaría de Gobierno.
Óscar Pérez

Los líderes sociales en Bogotá sienten que los ronda la muerte. En el último mes ocurrieron dos ataques contra defensores de derechos humanos, eso sin contar los casos que no se conocieron públicamente. El primero fue en la localidad de San Cristóbal, donde incendiaron una biblioteca comunal. El segundo, en Usme, donde dispararon contra una casa familiar.

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La Casa del Viento era un punto de encuentro para los jóvenes del barrio San Vicente Alto (San Cristóbal). Allí se reunían quienes veían en los libros una puerta para escapar de las drogas, o en el rap y el hip hop una forma de expresar sus penas, sus preocupaciones, sus sueños. Antes de que las llamas la consumieran, César Bustos, líder de la comunidad por casi 15 años, se inventaba actividades para arrebatarle niños a la delincuencia.

A pesar de sus buenas intenciones, el pasado 9 de enero se materializaron las amenazas que por años habían llegado a su puerta cada vez que un adolescente se sumaba a las clases de música urbana. La Casa del Viento fue quemada a plena luz del día. “No sé quién lo hizo. En esta localidad cada nada llegan panfletos de las Águilas Negras advirtiéndole a la gente que no puede respaldar a los jóvenes viciosos. Incluso hay muchas personas que apoyan la limpieza social. Como nuestra labor era darles una mano a esos niños, se encargaron de desaparecer el lugar donde los acogíamos”, dice Bustos.

Aunque su situación no es nueva, no deja de ser importante. Según datos de la organización Somos Defensores, institución encargada de registrar las agresiones contra líderes sociales en Colombia, entre enero y junio del 2016 Bogotá fue catalogada como la ciudad en donde más agreden a los representantes comunales de derechos humanos, al reportar 67 casos. En todo 2015 fueron 144.

El informe revela que el método de agresión más usado fue el panfleto amenazante, seguido del hostigamiento directo, mensajes de texto, intimidaciones mediante llamadas telefónicas, uso arbitrario del sistema penal y desapariciones. Édgar Juanías, líder indígena de la localidad de Usme, ha experimentado en carne propia todos estos ataques. “Sólo les falta matarme. Sin embargo, la muerte la he visto de cerca”, dice. En 2013 sacaron a su padre de su casa a punta de engaños y a dos cuadras lo mataron a sangre fría. Tenía 73 años. Desde muy joven había emprendido una lucha contra los tierreros que desterraban a poblaciones vulnerables de territorios que ni siquiera les pertenecían. Al parecer esta defensa le costó la vida. Cuatro años después su muerte sigue impune.

Antes del crimen, Juanías ya seguía sus pasos. En 2012 fue elegido por la comunidad como consejero de juventudes. En ese cargo ganó amigos y enemigos. Denunció quemas de casas por parte de tierreros, venta de drogas y abusos sexuales contra menores. Destapar las movidas ilegales que se esconden tras las montañas de Usme puso en peligro a su familia y a sus conocidos. A su primo lo mataron, a una amiga la apuñalaron y a algunos compañeros de trabajo los han amenazado. Durante un tiempo alcanzó a tener un grupo de escoltas y carro blindado. Ahora sólo lo protege un guardaespaldas.

La agresión más reciente fue la semana pasada. Mientras dormía junto a su esposa e hijo escuchó varios disparos al lado de su casa. Pensó que había sido un problema entre vecinos hasta que una bala atravesó la ventana. Por suerte, un armario le salvó la vida. Frente a la puerta principal dejaron un papel que decía: “No estamos jugando, quédese quieto”. Los remitentes firmaron en nombre de las “Águilas Negras bloque capital”. Tras el atentado, Juanías perdió lo poco que le quedaba de libertad. “Tuve que sacar a mi hijo del colegio y mi mujer abandonó su trabajo. Ahora tendremos que cambiar de casa”.

Algunos líderes sociales de Usme aseguran que lo ocurrido con el indígena hace parte del precio que deben pagar los defensores de derechos humanos cuando intentan cambiar la cruenta realidad de sus barrios. Denuncian que no reciben suficiente apoyo de las autoridades locales ni policiales. “Nosotros no podemos confiar en la Policía. La mayoría está aliada con las bandas criminales. Si uno denuncia la venta de drogas en los alrededores de los colegios con nombre propio, al día siguiente está muerto o lo han apuñalado”, explica Rosa Capera, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Hermosa.

El alcalde de Usme, Jorge Eliécer Peña, aunque ratifica la relación de algunos policías con grupos delincuenciales, resalta que se le ha entregado a cada líder un botón de pánico para mejorar su seguridad. Además, desde la Secretaría de Gobierno capacitan a la comunidad sobre la importancia del trabajo de los líderes sociales. En el caso de las personas que reciben fuertes amenazas, la entidad activa la Ruta de Protección, que consiste en brindar suministro de alojamiento y bonos de alimentación, pero también apoyo psicológico y jurídico con expertos, como medidas transitorias.

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Aunque la seguridad inmediata es crucial para que los líderes puedan realizar su trabajo, Bustos y Juanías consideran que los problemas de seguridad no sólo se limitan a tener un botón o un escolta. La gravedad está en el alto porcentaje de impunidad, en los casos de amenazas y homicidios de líderes. “Las investigaciones son lentas y hasta el momento no hay capturas por el asesinato de mi padre, mi primo y algunos de mis compañeros”, asegura el líder indígena.

Lo cierto es que, además del inconformismo de los líderes con la atención del Estado, a ellos no les satisface la medida del botón de pánico. De acuerdo, con la organización Somos Defensores, hay dudas sobre la efectividad de esta herramienta (que establece la ubicación del protegido por GPS), pues se ha denunciado que en ocasiones el botón se activa, pero nadie llega. Además, los líderes no han recibido la capacitación adecuada para manejarlo y, al ser un dispositivo con funciones de voz, se podrían generar escuchas ilegales.

Sin duda, a las entidades aún les faltan estrategias para proteger a los defensores. Aun así, no se debe desconocer que han disminuido las solicitudes de protección ante la Secretaría de Gobierno. Entre el 2015 y 2016 pasaron de 122 a 81. Los líderes de Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal fueron los que más peticiones presentaron.

En medio de este panorama queda claro que las estructuras delincuenciales organizadas y las amenazas no hacen parte sólo de las zonas rurales. También imponen su miedo en los rincones de la ciudad.