Los riesgos y desafíos para el medio ambiente en el posacuerdo

El fin del conflicto puede ser una oportunidad para restaurar los ecosistemas afectados por la guerra y encaminar al país hacia un crecimiento más sostenible. Sin embargo, hay varios desafíos que deben superarse para sea así.

Por: Helena Durán, investigadora de Dejusticia y co-autora del libro ‘La paz ambiental: retos y porpuestas para el posacuerdo’.

En abril del año pasado el país se escandalizó al conocer que la ANLA había otorgado una licencia para la explotación petrolera a la empresa Hupecol en una de las zonas naturales más emblemáticas del país: Caño Cristales. Aunque la explotación nunca llegó a realizarse, en parte por la presión mediática y política que generó, el caso no debe ser olvidado, pues es una muestra clara de los retos ambientales que puede traer la transición hacia un país sin conflicto armado.

El caso de la Macarena es un ejemplo de cómo si bien la cesación del conflicto colombiano puede traer oportunidades para la naturaleza y para las comunidades que la habitan, también genera retos y desafíos significativos.  Así lo plantea una investigación que acaba de publicar Dejusticia sobre la relación histórica de los recursos naturales con la guerra y los impactos paradójicos del conflicto colombiano sobre el medio ambiente, titulada ‘La paz ambiental: retos y propuestas para el posacuerdo’*.

En esta investigación Dejusticia identifica los desafíos que el país tendrá que enfrentar para que la implementación de los acuerdos no genere una mayor degradación ambiental, y sea realmente una oportunidad para el patrimonio natural colombiano.

Las oportunidades que trae el fin del conflicto para la naturaleza son múltiples: el país puede aprovechar su biodiversidad para potencializar actividades como la del ecoturismo --como sucedió en el caso de la Macarena--, el biocomercio o sistemas que incentivan la conservación como el pago por servicios ambientales. También podrá haber más investigación y, así, un mayor conocimiento de las riquezas del país. La degradación en áreas protegidas, como los Parques Naturales, que generó el conflicto puede entrar a ser controlada y las áreas afectadas podrán ser restauradas.

Pero los desafíos que hay que superar para que estas oportunidades se materialicen, y para que la implementación de los acuerdos no lleve a una mayor degradación ambiental, son complejos y variados. Entre ellos está el del ordenamiento ambiental del territorio. El país debe definir y delimitar claramente cuáles son y dónde están los ecosistemas estratégicos (como paramos y humedales) y definir cuáles son las actividades permitidas y prohibidas dentro de los mismos. Además, en los territorios del posconflicto, que coinciden con áreas de especial importancia ambiental, se deberán promover actividades alternativas que no lleven a una ampliación de la frontera agraria y a la degradación de esas áreas, y que combinen la conservación con la producción sostenible. En ‘La paz ambiental’ también se propone replantear el modelo de ganadería extensiva que predomina en el país e incentivar prácticas más sostenibles a través de créditos verdes o esquemas como el pago por servicios ambientales.

El modelo económico que ha guiado al país en los últimos años, enfocado en las industrias extractivas, también debería replantearse, pues pone en riesgo las políticas de restitución y redistribución de tierras que son fundamentales para la construcción de la paz e incidir en la generación de nuevos conflictos socioambientales. Entre las propuestas específicas que trae el documento de Dejusticia, están la revisión del proceso mediante el cual se otorgan títulos mineros y las implicaciones que esta actividad genera, pues la forma en que se está llevando a cabo ya está generando tensiones.

Para enfrentar los retos del posacuerdo, la institucionalidad ambiental debe fortalecerse y reformarse. Para ello, es fundamental fortalecer a la entidades del sector (como las CARs o el ministerio mismo) y dotarlas de más recursos. La cartera ambiental tiene un presupuesto que no corresponde a las responsabilidades que debe asumir y es débil políticamente. También debe revisarse el sistema mediante el cual se asignan recursos a las corporaciones, pues las que tienen jurisdicción en las zonas más afectadas por el conflicto, que además son zonas con una gran cobertura de bosques y áreas protegidas, son las que menos recursos tienen.

El tema de la participación en decisiones ambientales también será central para la implementación de la paz territorial. En el caso de la Macarena, por ejemplo, la comunidad había pedido a gritos que no se otorgara la licencia para el proyecto, pero solo cuando el escandalo llegó a los medios de comunicación nacionales fue que se logró hacer algo para detenerlo. Si la participación de la comunidad hubiera sido tenida en cuenta, el conflicto se podría haber evitado.  

Los desafíos son significativos, pero deben ser enfrentados para garantizar que la implementación del acuerdo y el proceso de construcción de paz no afecten de forma irreversible una de las mayores riquezas del país.

*Este libro hace parte de la colección "Ideas para construir la paz" de Dejusticia, compuesta por diez documentos temáticos que ofrecen diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos centrales del posacuerdo en Colombia.