Las víctimas de la Fuerza Pública

Laura Rocío Prieto Forero llevaba en sus venas la pujante raza santandereana. Esperaba que, con el paso de los años, en sus ascensos militares y su proyección profesional pudiese llegar a ser Magistrada del Tribunal Militar, anhelo truncado por la violencia indiscriminada, por el conflicto armado.

Laura Rocío Prieto Forero llevaba en sus venas la pujante raza santandereana. Con su sonrisa permanente demostraba su amor por el derecho, su profesión, y por su país. Tal vez por eso tomó la decisión de servirle desde la Armada Nacional, donde demostró sus habilidades desde el comienzo. Primero alcanzó el primer grado de Teniente de Corbeta y luego fue nombrada juez de Instrucción Penal Militar en la Base Naval de Puerto Leguízamo (Putumayo). Esperaba que, con el paso de los años, en sus ascensos militares y su proyección profesional pudiese llegar a ser Magistrada del Tribunal Militar, anhelo truncado por la violencia indiscriminada, por el conflicto armado.

Exactamente hace 12 años, el 24 de marzo de 2005, cuando se desplazaba desde Puerto Leguízamo hacia el corregimiento de la Tagua (Putumayo), donde está acantonado un Batallón del Ejército Nacional y debía adelantar una diligencia judicial, fue sorprendida por cargas explosivas de cilindros de metralla instalados sobre la vía. Ella, otro oficial, tres suboficiales y un grupo de infantes de marina sobrevivieron a esa primera emboscada. Sin embargo, unos minutos más tardes, desde sitios estratégicos fueron atacados con ametralladoras M-60 y disparos de fusil. Los bajaron del vehículo y luego los acribillaron por la espalda. En el lodo, generado por la lluvia pertinaz, quedaron los cuerpos de los doce integrantes de la Fuerza Pública.

De acuerdo con la investigación, la atrocidad fue perpetrada por el frente 48 de las Farc, que delinquía en esa área del Putumayo. Se trató de un homicidio en persona protegida, con el uso de armas no convencionales, un crimen de guerra a la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Así como este relato doloroso, podríamos llenar páginas enteras de las víctimas de la guerra y en particular de los héroes de la Fuerza Pública, cuyas familias hoy claman justicia, verdad y reparación. Ellos perdieron a sus seres queridos y esperan que la Justicia Especial para la Paz (JEP) cumpla con sus postulados, sin que se genere más impunidad y en la que todos los actores asuman la responsabilidad.

Desde esa orilla del río aún hay un gran escepticismo. Y no es para menos, pues a pesar de ser crímenes de guerra, que por tratados internacionales no pueden ser amnistiados o indultados, las Farc ha sostenido que estos hechos fueron solo un producto de la guerra y del combate. Hay temor de que estos delitos no se traten debidamente, por eso hoy muchos nos preguntamos ¿Cómo será esa reparación? ¿Cuál será la verdad que aportarán los victimarios? ¿Cómo garantizar que no habrá impunidad?

Allí es donde está el reto y debe operar de manera eficaz, eficiente y transparente la JEP, pues la página de la guerra no puede ser pasada si se deja campeando la impunidad. Sin justicia no habrá paz. Las víctimas, no importa si son uniformados o civiles, son los principales destinatarios de un proceso de paz, y los beneficios otorgados a los actores no pueden estar por encima de sus intereses. 

La concesión de amnistías e indultos de manera expedita como lo pretenden las Farc en este momento, no se pueden aceptar hasta tanto no quede clara su participación en las múltiples tomas guerrilleras a poblaciones, unidades militares y policiales; secuestros, y toma de rehenes. Lo cierto es que en muchos casos no se atendieron los principios y normas del Derecho Internacional de los Conflictos Armados y es prioridad de esta justicia especializada esclarecer cuáles fueron y tomar cartas sobre el asunto de acuerdo a las normas internacionales a las que nos acogimos.

Esta labor es la que tiene que atender la Sala de Amnistías e indultos con una enrome responsabilidad y obviamente la Sala de Reconocimiento de la Verdad, que debe recibir la información de la Fiscalía, la Justicia Penal Militar, la Comisión de Acusación, la Procuraduría, la Contraloría y la justicia ordinaria. Finalmente, el Tribunal de Paz, que no puede convertirse en repartidor de bendiciones. La familia Prieto Forero, como todas las víctimas de este conflicto, esperan que haya justicia, verdad y reparación en nombre de todos los sueños que les truncaron a sus seres queridos.

*Exmagistrado del Tribunal Superior Militar. Capitán de Navío de la Reserva Activa.