La política y el glifosato

En el debate público sobre el glifosato pareciera no haber lugar a opciones intermedias, la polarización nacional inevitablemente ubica los argumentos y las evidencias en alguno de los bandos: pro-glifosato o anti-glifosato. Hace unos meses en estas mismas páginas y con los datos en la mano de los costos, los riesgos de vidas humanas y la resiembra de coca, alerté de los peligros y sinsentidos de priorizar la aspersión por vía manual con glifosato, entonces un grupo aplaudió y el otro silbó aquella crítica basada en evidencia. La semana pasada presentamos desde la Fundación Ideas para la Paz (FIP) un estudio sobre “las verdades científicas del impacto del glifosato en la salud humana”, que concluye que en los artículos médicos no se encuentra una relación directa, determinante o estadísticamente significativa entre el herbicida y los desenlaces crónicos en salud, los silbidos y los aplausos cambiaron de bando.

Entre los comentarios que ha generado el estudio (y ha publicado El Espectador) hay tanto criterios técnicos como de trasfondo político. Por ahora voy a centrarme en el contexto político, o para decirlo más claramente, en enfocar una respuesta que desafíe el limitado marco con que se ha abordado este debate del glifosato. Quedo por ahora en mora con el grupo de especialistas de SAO y los doctores Pinzón y Sandoval de responder a sus cuestionamientos sobre la metodología empleada.  

La realidad es muy clara, en ambos bandos saben que la aspersión aérea NO va a regresar a los campos colombianos en el corto ni en el mediano plazo, ya que retomar la aspersión no es una decisión exclusiva del Presidente, esto requiere de un acuerdo binacional con los EE.UU. Hasta donde se sabe no hay la menor voluntad política en Washington para financiar más glifosato en Colombia, y mucho menos después del portazo en la cara que el Consejo Nacional de Estupefacientes le dio al Departamento de Estado, al suspender de tajo el programa de aspersión y obligarlos a liquidar a las carreras las existencias del químico, los contratos y forzar la reubicación de pilotos, aviones y equipos; ni demócratas ni republicanos olvidan que este cierre no planeado les costó varias decenas de millones de dólares que se pagaron con los impuestos de sus ciudadanos.

Por esto tanto los pro-glifosato como los anti-glifosato solo le hablan a las emociones de la audiencia nacional (con su respectivo rédito político), porque en el fondo todos saben que es imposible que el Congreso de los  EE.UU. autorice los US$200 millones que costaría reanudar la aspersión aérea. Así las cosas y sabiendo que el glifosato para combatir la coca no va a regresar este año, ni el otro ni el que le sigue, las antagónicas declaraciones en torno a la suspensión de la aspersión aérea resultan ser pura pirotecnia. Pirotecnia que además de ruidosa y estéril, distrae de lo fundamental.

¿Qué es lo fundamental? Varias cosas, primero recordar que el Estado colombiano enfrenta demandas por 1.7 billones de pesos por reclamaciones sobre las consecuencias en la salud humana de las aspersiones. Un cheque de $1.700.000.000.000 de pesos mcte del tesoro nacional no es poca cosa y menos en épocas de ajuste fiscal, cifra que además sigue creciendo a razón de 30 mil millones de pesos por mes, y puede ser una bola nieve aún mayor ante la eventualidad de un primer fallo adverso contra el Estado, el cual jalonaría una segunda avalancha de demandas con mayores pretensiones económicas.

No nos interesa con esta revisión de evidencia científica ni sumar puntos con los del pro o desacreditar a los anti y muchos menos recomendar el retorno a una política antidrogas centrada en la aspersión aérea. Lo que nos interesa es ponernos en los zapatos de las decenas de jueces municipales de regiones como el Caquetá, Nariño o Antioquia (donde se concentran el 64% de las demandas) y ofrecerles algunas herramientas que faciliten la interpretación de las “evidencias” presentadas en las demandas. No es un tema menor que estos procesos legales se tramiten en la mayoría de casos en pequeños despachos judiciales que no tienen ninguna experticia en temas de salud pública.

Segundo, en materia de glifosato el Gobierno Nacional tiene otras explicaciones y tareas pendientes, veamos: i) Revisar la incoherencia de criterios con los cuales se suspende la aspersión aérea pero se activa la erradicación manual con glifosato, un contrasentido si se considera que en la actividad manual se aumenta el riesgo de exposición frente a la sustancia. ii) Sustentar el anuncio de cambiar el glifosato por el glufosinato de amonio, sobre lo cual aún no es claro cuál sería el beneficio en términos de salud pública, y iii) Analizar la disparidad de los controles para el uso del glifosato en la aspersión aérea y en las actividades agrícolas donde se emplea la gran mayoría del herbicida (92%). Estos y otros temas han estado eclipsados del debate público por el populismo generado entre los pro y los anti aspersión con glifosato.

Mis colegas de la FIP, Julián Wilches y Juan Carlos Garzón proponen una lectura del estudio que está entre lo político y lo técnico, sugiriendo “tomar con pinzas” los resultados de modo que estos no sean instrumentalizados por los activismos políticos, y por ende ven de manera problemática “la excesiva fe en las evidencias” para la construcción de políticas públicas. Mi respuesta es contraria a esta interpretación “político-técnica” de los resultados del estudio, creo férreamente en la responsabilidad ética del investigador frente a sus hallazgos, no es y nunca ha sido una buena práctica relativizar la evidencia científica como un mecanismo para diluir los debates políticos y sus implicaciones en los ciudadanos. Ningún investigador es responsable de las interpretaciones objetivas o sesgadas que hagan los gobiernos o la oposición, pero sí es enteramente responsable de su autocensura por más pequeña que esta sea.

Por último, no deja de ser paradójico que el debate político sobre el uso del glifosato esté más activo un año después de la suspensión de la aspersión aérea, que durante los veinte años que estuvo activo el programa.     

*Daniel M. Rico /  Investigador Universidad de Maryland y Fundación Ideas para la Paz