La coca, el Estado y la tierra

En el departamento del Guaviare, la disidencia de las Farc, autodenominada “Armando Ríos” del Frente 1, cuestiona el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito que adelanta el Gobierno Nacional en el marco del Acuerdo de Paz, e invita a los campesinos a no firmar pactos  mientras no se realice amplia y detallada socialización de los compromisos que sobre ellos deberán asumir los labriegos de la coca.

En el departamento del Guaviare, la disidencia de las Farc, autodenominada “Armando Ríos” del Frente 1, cuestiona el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito que adelanta el Gobierno Nacional en el marco del Acuerdo de Paz, e invita a los campesinos a no firmar pactos  mientras no se realice amplia y detallada socialización de los compromisos que sobre ellos deberán asumir los labriegos de la coca.

El Acuerdo Marco departamental de sustitución del pasado 28 de febrero se hizo en medio de profundas diferencias entre las organizaciones sociales y campesinas del departamento, incluso cultivadores de las zonas en donde hoy existe una mayor cantidad de hectáreas con coca en el Guaviare dijeron no sentirse interpretados ni incluidos en el acuerdo marco firmado y convocaron al Gobierno a una reunión posterior.

La reunión estaba prevista para los días 23 y 24 de marzo, en la recordada vereda La Paz (en donde se produjo la liberación de Clara López y Consuelo González, en 2008)  y convocaba a más de 1.000 campesinos habitantes de las orillas de los ríos Inírida -desde Salto Gloria, hasta Golondrinas- y del Unilla. Sin embargo un día antes, los erradicadores forzosos irrumpieron en las veredas Mesa de la Lindosa y Nueva York de esa región, cercanas al lugar de la reunión programada, y arrancaron durante todo el día plantas de coca. El tema sembró un manto de incertidumbre y molestia en las comunidades. Sumado a que según algunos líderes de la zona hubo agresiones físicas contra  los que se opusieron a esa actividad de erradicación. El resultado no podía ser distinto: la indignación del campesinado con un Gobierno que intenta llegar con múltiples y contradictorios mensajes al territorio. Por esa razón, la reunión para firmar un Acuerdo con esas comunidades se canceló.

Esta situación ha generado muchas inquietudes no solo respecto a la política oficial, sino al frenesí de andar por todo el país buscando firmas de campesinos. Los acuerdos deberían ser los Planes Integrales de Sustitución –PISDA- de los que habla el punto cuatro de los Acuerdos de Paz. Planes que efectivamente produzcan condiciones para que el campesinado colombiano -quien incluyó la coca como un factor más de producción en sus fincas-, tenga las condiciones adecuadas para modificar su dependencia de los ingresos que hasta ahora les ha generado el cultivo de coca.

Los Planes deben incorporar los acuerdos marco que están siendo firmados si así se quiere, pero también deben incluir los cronogramas de cumplimento de compromisos pactados y las instancias de seguimiento y monitoreo local que verifiquen lo acordado. Hasta ahora las actas suscritas a lo largo y ancho del país están llenas de generalidades, que hacen pensar que en relación con los programas y estrategias de sustitución se continúa como “corcho en remolino”.

No obstante, hay mucho que aprender de los otros, de aquellos que ven en la coca no solo al demonio, sino a la diosa llena de bondades. Bondades capaces de industrializarse, capaces de mostrar nuevos caminos y allí el Gobierno tiene la inequívoca responsabilidad de poner en marcha el cumplimiento del Punto Uno del Acuerdo de paz, asunto reclamado con contundencia por los habitantes rurales, pues en el fondo de todos los asuntos relacionados con la coca está la determinación de abocar los asuntos de la tierra en la región.

Esto no significa la entrega de títulos a diestra y siniestra bajo la máscara de entregarlos a familias campesinas para volverlas sujetos activos y efectivos del mercado financiero. Porque, por ejemplo, lo que se ve cada vez con mayor claridad en el Guaviare es la incursión de capitales foráneos ingresando detrás de las tierras que amplían la frontera agrícola en desmedro de las Reservas Forestales. Todo para incorporarlas a un mercado activo de predios, cuando ni siquiera han sido registrados en el sistema catastral y que, como caimán en boca de caño, abre sus fauces para ampliar el latifundio en función exclusiva de los intereses de los terratenientes. Todo en medio del denominado “escenario posconflicto”.  De esta manera la nuez del problema agrario permanece intacta: el acceso a la tierra y el control de este activo en poder de una minoría de propietarios. 

*Investigadora Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos OCDI GLOBAL