Estamos lejos

En una charla común y corriente, un amigo de toda la vida, me cuestionó sobre mis posturas respecto del consumo de drogas. Cuando yo comenté que este era un tema de salud pública, mi amigo reclamó: “Usted qué pensaría si alguno de sus hijos en un futuro le resulta consumidor? Lo quiero ver para saber si sigue pensando lo mismo que ahora!” me dijo. Tengo dos hijos -uno de 7 y otra de 14 años respectivamente- y su pregunta me motiva esta reflexión.

Por supuesto que ningún padre de familia quiere que su hijo se convierta en consumidor de nada que le pueda causar daño, sea esto alcohol u otras sustancias. A su vez nadie quiere que sus hijas se embaracen a temprana edad, o que algún familiar use armas o se vuelva raponero de barrio. Es un deber de la familia empezando por los padres generar un entorno seguro que mantenga a sus hijos lejos de adicciones de cualquier tipo. 

Tenemos la fea costumbre de situar la responsabilidad por lo que nos pasa en los demás, nos hemos acostumbrado a decirnos mentiras y a negar la parte que nos corresponde, como familia y también como sociedad. A su vez, el Estado no protege ni previene, ni acude al auxilio de quienes lo necesitan. En otras latitudes existen experiencias replicables de educación sobre las sustancias, instituciones que desarrollan ejercicios de reducción de daños con programas de salud, medios de comunicación que cumplen con su responsabilidad social y comunidades que se ocupan de sus adolescentes y jóvenes con diferentes estrategias de inclusión. 

En nuestro medio seguimos negando nuestra realidad. En las zonas de producción se asevera siempre que aquí “la cultivamos pero no la consumimos” y hasta se mantiene el dicho de que “si los gringos meten desde aquí les mandamos”. A su vez, los miedos y temores de la sociedad colombiana hacen del nuestro un país oscurantista en muchos temas, siendo el de las drogas un asunto vedado que a pesar de seguir creciendo se niega sin que se abra espacio a las reglamentaciones o a mejores políticas de intervención por parte del Estado. 

En Colombia fue el maestro Carlos Gaviria Díaz, quien siendo Magistrado de la “Corte de Oro” pidió al país abrirse a nuevos paradigmas en cuanto al consumo de drogas y la respuesta que debían brindar el Estado y la sociedad a dicho fenómeno. Él defendió unas ideas liberales que sitúan en el plano de la autonomía de la persona el derecho a usar o no sustancias que puedan producir dependencia. La Sentencia C221 de 1994 planteó que en el marco del libre desarrollo de la personalidad cada quien tiene derecho a consumir su propia dosis sin que le asista al Estado el uso de la fuerza, la sanción penal o la ley para constreñirle por ello.

En esa sentencia dijo la Corte que “… puede el legislador válidamente, sin vulnerar el núcleo esencial de los derechos a la igualdad y a la libertad, … regular las circunstancias de lugar, de edad, de ejercicio temporal de actividades, y otras análogas, dentro de las cuales el consumo de droga resulte inadecuado o socialmente nocivo, como sucede en la actualidad con el alcohol y el tabaco. Es ésa, materia propia de las normas de policía. Otro tanto cabe predicar de quienes tienen a su cargo la dirección de actividades de instituciones, públicas o privadas, quienes derivan de esa calidad la competencia de dictar reglamentos internos que posibiliten la convivencia ordenada, dentro de los ámbitos que les incumbe regir.”

Desde entonces, se han ventilado propuestas que avanzarían hacia un mejor abordaje del fenómeno, a partir de lo que muestran otros países, incluyendo Uruguay, Estados Unidos, Canadá u Holanda. Pero siendo francos, lejos estamos de asumir el tema del consumo como un asunto propio de la persona, el cual se vuelve problemático para los demás cuando el usuario no cuenta con la capacidad adquisitiva del producto y peor aun cuando la persona que consume tiene que acudir a los brazos de la ilegalidad a buscar su producto. Lejos estamos de contar con reglas sobre el acceso a sustancias. Y más lejos aun de poner en marcha centros de consumo asistido financiados por el erario público. 

En el ámbito del cultivo y la producción, cuando señalamos que el mundo demanda cocaína y alguien debe suministrarla muchos se escandalizan. Y cuando decimos que los mejores productores de materia prima para cocaína son los campesinos colombianos otros se persignan. La producción nacional de hoja y de pasta de buena calidad es una ventaja de las muy pocas que permanece en el campo colombiano y eso no debería negarse. Menos en este periodo que comienza de construcción de paz territorial. 

Colombia experimenta la enorme contradicción de haber sido el primer país de la región en proscribir de su Constitución la penalización del consumo de drogas sin que haya puesto en marcha las órdenes dadas por su máximo tribunal. Hemos pretendido ser liberales en la ley a medio pelo, sin continuidad y sin desarrollos. (Ausentes en esta materia están los Ministerios de Educación y Agricultura). Peor aún ocurre en lo sociocultural. Fuimos chapados a la antigua en estos temas. Y además nos da un miedo terrible vernos de frente al espejo.