¿Es legítimo el Estatuto de la Oposición?

A pesar de la ausencia del Centro Democrático este proyecto de ley no pierde relevancia. 

Después de más de diez intentos desde 1991, parece que por fin Colombia contará con un Estatuto de la Oposición. Es una de las primeras promesas de país que se cumplen con la implementación del Acuerdo de Paz.

¿Por qué es tan importante este paso? Más que el contenido del Proyecto de Ley, el cual será discutido en el Congreso de La República, resulta fundamental resaltar el proceso para su elaboración.

Se destaca como un importante logro el haber conseguido concertar la mayoría de los contenidos del proyecto, después de un amplio proceso participativo. Se realizaron 18 reuniones en las que tuvieron oportunidad de participar los distintos partidos, movimientos y agrupaciones políticas, organizaciones de mujeres, organizaciones de los pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales, expertos académicos, y sociedad civil. Todas las propuestas fueron debidamente discutidas.

Como resultado de estas sesiones se realizaron cuatro reuniones adicionales en las que el Gobierno, junto con unos delegados de quienes participaron en las discusiones previas, redactó un articulado para desarrollar el Estatuto. Finalmente, se realizó un gran evento para poner el proyecto a consideración de expertos académicos, y se acogieron sus recomendaciones. Este solo proceso de discusión y concertación es histórico para Colombia. 

Es una lástima que los miembros del Centro Democrático no hayan participado de estas reuniones previas. Su ausencia en las discusiones no se debió a que no fueran invitados, sino simplemente a que no quisieron participar. Estaban en su derecho a no hacerlo. Sin embargo, no pueden alegar ahora que su ausencia le resta legitimidad al Estatuto.

Primero, porque tendrán la oportunidad de participar ampliamente en las discusiones en el Congreso, y si se han destacado por algo sus miembros, es por su asistencia juiciosa a las sesiones legislativas. Esperamos que las discusiones sobre el Estatuto no sean la excepción. Pero segundo, porque la decisión de no participar en las reuniones previas fue absolutamente libre. No podría alegarse que no estuvieran en las mismas condiciones en los debates, pues en este caso participaron activamente múltiples actores y movimientos minoritarios.

Tampoco podría alegarse que los contenidos o lineamientos fueron dictados desde La Habana ni impuestos el Acuerdo Final de Paz. Desde las primeras discusiones en la Mesa de Conversaciones se dejó absolutamente claro que los contenidos del Estatuto deberían ser deliberados en democracia y con los actores directamente implicados.

De hecho, el Acuerdo de Paz estableció únicamente cuestiones procedimentales: primero, que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, las agrupaciones políticas representativas de oposición y dos expertos delegados por las FARC-EP serían convocados en una Comisión para definir los lineamientos del Estatuto. Segundo, que la Comisión abriría espacios o mecanismos para recibir insumos y propuestas de otras agrupaciones políticas que quisieran participar en la discusión. Tercero, que la Comisión velaría porque los partidos, movimientos y agrupaciones convocados contaran con la participación de las mujeres. Cuatro, que la Comisión a través de un evento facilitaría la participación de voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos, y personas expertas y de la academia. Y quinto, que sobre la base de estos lineamientos el Gobierno Nacional elaboraría un proyecto de ley con el acompañamiento de delegados y delegadas de la Comisión de partidos y movimientos políticos. Todos estos aspectos fueron cumplidos.

Por último, tampoco podría alegarse que el Centro Democrático era el actor más relevante de la discusión por tratarse de la oposición al Gobierno actual, pues el Estatuto tiene vocación de permanencia y no está destinado a regular los derechos de la oposición de un solo periodo gubernamental.

En su momento también fue una lástima que las FARC no se unieran a las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente, pero esto no restó legitimidad a la Constitución Política de 1991. El Acuerdo Final y los resultados de las negociaciones en La Habana demuestran justamente lo contrario. A pesar de su falta de participación, el texto constitucional prevaleció. Tanto así, que las mismas FARC ahora reclaman que se cumpla uno de los compromisos de la propia Constitución: la promulgación del Estatuto de la Oposición.

Esperemos que el país no pierda esta nueva oportunidad de consolidar las promesas del texto constitucional. 

*Juana Acosta López es directora de Profesores e Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana.