El transporte público es un derecho fundamental

En Colombia, el transporte público está percibido como un servicio privado para el cual el Estado tiene que asumir poca responsabilidad. Parece que lo habitantes ignoran que es el caso contrario: prestarle un sistema de movilidad a los ciudadanos es una obligación política del gobierno local.

Con varias de las calles principales cerradas y los helicópteros circulando por el centro de Bogotá por la visita del jefe de un miniestado, un componente clave del día a día en las metrópolis les fastidió aún más a todos: el transporte público masivo. O mejor dicho, el mal estado, el caos y la negligencia del desconcertante sistema de colectivos, busetas y buses del transmilenio.

Lea: Las promesas de la economía digital

La cuestión de regalarle un metro a los bogotanos es omnipresente en cada campaña de alcaldía, sólo para desaparecer pocos meses después del voto electoral. Hasta el día de hoy, no estamos más cerca a la inauguración de un metro, el modo de transporte más eficiente para las zonas urbanas.

El cuento de la movilidad bogotana es tan multifacético que vale la pena empezar con lo más básico.

Lamentablemente, en Colombia el transporte público está percibido como un servicio privado para el cual el estado tiene que asumir poca responsabilidad. Parece que lo habitantes ignoran que es el caso contrario: prestarle un sistema de movilidad a los ciudadanos es una obligación política del gobierno local, como el servicio de recolección de basuras, un aceptable estado de las calles, alta calidad de aire o parques recreativos. Se podría privatizar parte del servicio, pero la responsabilidad de ofrecer movilidad corresponde enteramente a las respectivas administraciónes.

En nuestras metrópolis de la edad globalizada, la movilidad es la fuente vital de cada ciudad y su población. Es un fenómeno de importancia fundamental para la sociedad, porque permite llegar a su trabajo, participar en actividades culturales y sociales, acceder a los bienes y servicios públicos para los que pagamos impuestos. Es la base para vivir una vida digna, un derecho humano. Sufrir de modos de transporte masivo mal organizados disminuye la dignidad personal y excluye de la vida pública.

Todos sabemos que no podemos seguir contando con el tráfico individual como autos y motos, sobre todo por la imparable tasa de la urbanización y las necesidades de la protección del medio ambiente. Si no queremos morir de la polución o de aburrimiento en el trancón, hay que pensar en formas más avanzadas de transporte que incentive el uso de modos de transporte colectivos. Es tarea de los ingenieros y asesores de la alcaldía desarrollar un plan integral como convergir la creciente demanda de movilidad con la oferta (entre otros, con sistemas de tránsito inteligentes y buses electrónicos). Eso es el lado técnico del asunto.

Más interesante me parece el aspecto político: para progresar el sistema de transporte público, se necesita no sólo un cambio drástico en la financiación, sino también un aumento de acceso a la utilización de los diferentes modos de movilización. Un gran desincentivo para usar el transporte público (y seguir utilizando transporte individual) es el hecho de que hoy en día no están integrados los distintos modos ni las rutas de los diferentes proveedores contratados por el estado para brindar ese servicio fundamental. Tampoco es muy práctico tener que comprarse varios tickets para combinar un viaje en transmilenio con otros buses del SITP. Ni hablar de los horarios. Son remiendos, pero ningún sistema coherente.

Vea también: Hacia una Colombia menos militarizada

Sería más eficiente financiar el transporte masivo a través de un “tributo de movilidad” universal, proporcionalmente sacado del sueldo de cada habitante de la ciudad. Con esos recursos financieros la ciudad llevaría a cabo una modernización profunda y eliminaría la actual ineficiencia de las tarjetas, taquillas y controladores, ofreciendo un integrado transporte público sin boleto. Además tendría un deseable efecto secundario: Gente que no participa en el transporte masivo, se ve incentivada a probar el nuevo servicio y dejar sus autos en el parqueadero. Varias localidades europeas ya realizaron pruebas muy prometedores en los últimos años.

Nadie le quiere quitar a la gente el derecho de usar sus proprios autos cuando les convenga. Pero los evidentes retos de nuestras ciudades grandes exigen un cambio movilístico.

Ahora que ese jefe de estado que se viste exclusivamente de blanco ya salió del territorio bogotano, quizás podamos incendiar una vez más el necesario debate público sobre el transito colectivo. Movilidad es un bien público y un derecho fundamental. Empecemos a tratarla así.