Comunidades negras, un siglo y medio olvidadas

Jefferson Montaño Palacio / @PCoes

Casi nadie recuerda esta fecha tan importante para los colombianos y tampoco a las comunidades negras de nuestro territorio. Cuando se decreta la abolición de la esclavitud los barcos negreros pasaron al anonimato en la vida nacional, se quedaron ubicados en las costas de Colombia donde se les desconocía como ciudadanos. Esos negros alejados también son colombianos, pero pasaron al olvido, alejados de los espacios de poder donde se toman las decisiones del país.  Años después continúan en ese anonimato.

Y es en la conmemoración de este día que son mencionados de forma positiva, más allá del deporte, la comida y la música; y únicamente en esta fecha es que los medios de comunicación le recuerdan al país que existen unos afrocolombianos que tienen unas condiciones de pobreza que los hace ciudadanos de segunda y tercera categoría; que es evidente y constante el racismo y la discriminación; que perdura un sistema clasista, esclavista y patriarcal que no se diferencia del colonialismo para estos hombres y mujeres que continúan en la búsqueda de un reconocimiento de igualdad en derechos humanos.

Más de un siglo y medio de olvido en la realidad socioeconómica del país es lo que han tenido que padecer muchos habitantes del Pacífico colombiano. El acuerdo de paz firmando entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, deja visto que estos acuerdos traerán cambios significativos al campo colombiano generando, a través de inversiones en infraestructura, servicios básicos como energía, agua potable, alcantarillado, salud, educación, tierras; condiciones para que la gente que vive en la zona rural pueda decir “somos colombianos” y no de segunda o tercera categoría sino, en condiciones de vida digna.

De acuerdo con el más reciente censo del Dane, la población afro en Colombia representaría el 10,6%, es decir, 4'316.592 personas. Cali, con el 26,2% de afros, es la ciudad en donde más se concentra esta etnia.

En el departamento del Choco en agosto pasado, luego de ocho días de protesta en contra del Gobierno de Juan Manuel Santos, los líderes del paro cívico acordaron levantar la huelga y firmaron un acta donde acordaron diez puntos para empezar a incluir a esta región en las decisiones del país.

Hablamos con Jorge Danilo Peña Villa, uno de los líderes del comité cívico de la Salvación y Dignidad del Choco e integrante de la mesa número siete de Productividad y Sostenibilidad de Istmina. Dice que el Gobierno no ha cumplido ni el 5 % de los compromisos que se pactaron aquel agosto. Estos son:  Asignación presupuestal de $720.000 millones para la construcción de vías, hacia las ciudades de Medellín y Pereira. Redefinición del procedimiento y los recursos para la construcción del Hospital nivel III en Quibdó y los tres de mediana complejidad en las tres subregiones del departamento. Actualización del mapa del Choco, por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). La definición de una hoja de ruta con la Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. (DISPAC), que incluya: mejorar la calidad de los servicios, rebajar las tarifas y un procedimiento adecuado para resolver las reclamaciones.

Lo esencial también está pactado con las comunidades del Chocó, pero ni eso se cumple. Esto es: Asignación de recursos para garantizar el acceso a agua potable en todos los municipios del departamento. Definición de las estrategias para la seguridad en todo el territorio departamental. Establecer de manera efectiva el código anticorrupción. También señaló que se hace necesaria la articulación con Buenaventura en la flexibilización de políticas públicas.

Según Peña, uno de los mayores problemas que tiene es el alto número de desempleados, es decir, el 16 %, siendo el índice más alto del país. Asimismo, la corrupción, la falta de conexión por vía terrestre con el interior del país y la violencia generada por la presencia de grupos armados al margen de ley que se disputan el control territorial en función del narcotráfico y la minería ilegal, no le han permitido a Chocó y a Buenaventura soltarse el yugo.

Igualmente, manifestó que el Gobierno les debe garantizar el derecho a la protesta: "siempre nos hemos manifestado de manera pacífica y lo seguiremos haciendo hasta que el Chocó reciba respuestas reales a las peticiones del acuerdo de agosto pasado y a los beneficios del acuerdo firmado con las Farc”.

Debido a los incumplimientos mencionados las comunidades han decidido que volverán a marchar este miércoles. La jornada se centrará en Quibdó, pero también se sumarán las poblaciones de Istmina, Tadó y Medio San Juan, principales municipios de ese departamento.

La esclavitud ha sido una práctica antigua: tradicionalmente se ha asociado a la raza negra, pero esto no es verdad. La práctica se remonta a las civilizaciones antiguas quienes utilizaban a los prisioneros de guerra como mano de obra y en su mayoría para el sacrificio. 

Los habitantes de Buenaventura no se quedan atrás. De acuerdo con Víctor Hugo Vidal del equipo de etnoeducación del Proceso de Comunidades Negras (PCN), el paro cívico que empezó el pasado 16 de mayo es indefinido y agrupa a más de 61 organizaciones sociales, juntas de acción comunal, consejos comunitarios y población en general de la ciudad. Exigen que el gobierno nacional responda por el estado de abandono en el que se encuentran las comunidades. Según cifras oficiales, en la actualidad el índice de desempleo es del 62%, el empleo informal es del 90,3% y la pobreza asciende al 91% en la zona rural y al 64% en la zona urbana.

Estas alarmantes cifras sumadas a las 162.514 personas que han sido reconocidas como víctimas del conflicto armado y la permanencia de grupos armados en sus territorios, han hecho que Buenaventura se una para exigir “vivir con dignidad y paz en el territorio”. Así se llama este paro cívico.

Las comunidades están cansadas de mentiras, dice Vidal: “hemos hecho de todo y el gobierno no se preocupa por la situación de Buenaventura. Las manifestaciones serán pacíficas y buscan exigir que podamos vivir en paz”.

En un comunicado las comunidades dieron a conocer los ejes en los que piden al Gobierno se trabaje para poder asegurar un cambio real en Buenaventura: “que Buenaventura se declare en emergencia económica, social y ecológica”, dice el documento.

Además, las organizaciones sociales están solicitando mejoras en temas como el empleo, la producción agrícola y algo esencial: un hospital digno para la ciudad: “en Buenaventura no hay un hospital de nivel dos, por lo que nos tenemos que mover hasta Cali cada vez que nos enfermamos y eso es dinero que no tenemos”, señala Víctor Hugo.

Así mismo, solicitan que se realice la respectiva reparación individual y colectiva para las comunidades que son víctimas del conflicto armado interno. “Para nadie es un secreto que hemos sido víctimas y que la guerra siempre ha estado en Buenaventura, porque es un corredor estratégico para el narcotráfico”, afirma el líder afro.

Por otro lado, solicitan que la recuperación de las cuencas y otros ecosistemas que han sido degradados, y que se garantice a la comunidad el acceso a los servicios básicos como el agua potable: “contamos con un acueducto que fue construido hace muchos años y hoy es obsoleto”, indica Vidal.

En estos territorios continúa la presencia de lo que el Gobierno ha denominado bacrim. Son las mismas bandas criminales que cambian de nombre todos los días y que ni las propias fuerzas del Estado parece que identifican. Hay control de esas estructuras sobre la población y eso agrava la situación. Es un tema serio que se debe asumir de manera responsable y hacerle frente en aras de la protección de las comunidades afrocolombianas. “Solo de esta manera nos podremos soltar el yugo”, aseguran los habitantes del Pacífico que participan en todos los paros cívicos que se están desarrollando en la región.