¿Cartel del Golfo o Autodefensas Gaitanistas?

Si el Gobierno busca crear las mejores condiciones políticas para la implementación de los acuerdos de La Habana y para la restitución de tierras no hay que ahorrar esfuerzos. Un contexto de paz y convivencia en el país hoy requiere también un acercamiento político y de paz con las Autodefensas Gaitanistas.

Por: Mauricio Romero

El nombre importa. Cartel del Golfo es como las autoridades en Bogotá llaman a los grupos armados ilegales que se reorganizaron luego de la desmovilización de las AUC, y que han tenido su centro de actividades entre el departamento de Córdoba y el Urabá. Autodefensas es como se denominan ellos mismos y como grupos importantes de la población local los conoce. El primer término resalta la dimensión criminal de estas organizaciones, el segundo hace referencia a un reclamo por falta de seguridad o a una desaprobación frente a las decisiones de la capital, lo que les daría una dimensión más política.

Las implicaciones de una u otra denominación tienen efectos de política pública importantes. Si son considerados un cartel, el gobierno debería perseguirlos con los instrumentos que le otorga la ley. Si por el contrario, son considerados una autodefensa, habría que escucharlos y acordar medidas para su desmovilización. Esto último no va a ser fácil y la primera opción tampoco. Ambas requieren del gobierno nacional objetivos y estrategias claras que vayan más allá del momento electoral. Los llamados gaitanistas ya llevan diez años de existencia, son herederos directos de las AUC, y por lo menos en la Costa Caribe, Antioquia y Chocó se han convertido en una fuerza que amenaza la restitución de tierras y la implementación de los acuerdos de La Habana, entre otras actividades delictivas.

El nuevo vicepresidente, general en retiro Oscar Naranjo, ha sostenido que al Cartel del Golfo no le queda otra salida que ¨someterse a la justicia o soportar el peso de la ley¨ y que el nombre de Autodefensas Gaitanistas es un ¨hábito¨ para esconder sus acciones criminales. Por su lado, la iglesia católica ha señalado que la negociación debería incluir a ¨todos los actores del conflicto¨, incluyendo, en apariencia, al segmento de las Bacrim que tiene pretensiones de ser actor político. La divergencia indica que aún no hay un consenso formado en la sociedad, lo que deja margen de maniobra para quienes proponen pasos diferentes a la sola opción policial.

En su página web, los llamados gaitanistas presentan un perfil similar al que en su momento quisieron ofrecer las AUC. Hay unos reclamos, hablan de una negociación, la de las AUC, que terminó en un sometimiento y en promesas incumplidas, y en el caso de los jefes, en extradiciones a los Estados Unidos. No es claro, sin embargo, qué es lo que se pide en la actualidad. Ese sería el encargo de una comisión no oficial, que en reserva buscaría un primer contacto con los jefes de este grupo, para luego llevar sus puntos de vista al gobierno nacional e identificar discrepancias. Esto se hizo en los primeros acercamientos con las AUC entre el 2001 y el 2002.

Si lo que se busca por parte del gobierno es crear las mejores condiciones políticas para la implementación de los acuerdos de La Habana y para la restitución de tierras, no hay que ahorrar esfuerzos. El ambiente electoral es propicio para las posiciones extremas, que se asocian con dureza frente al crimen, y aquí los oportunistas son los más beneficiados. La situación es tan grave en algunas regiones que bien podría aplicarse ¨el pulso firme y el corazón grande¨ que utilizó el expresidente Uribe en su gobierno para enmarcar la negociación que llevó a cabo con las AUC.

Lo contario significa ahondar en una política que ha producido algunos resultados, pero que no tiene un norte claro o un término cercano, sobre todo en el contexto de cerca de 200 mil hectáreas sembradas de coca. Los detenidos acusados de ser miembros del Cartel del Golfo suman varios cientos, y su organización se ha fortalecido en el manejo de pabellones de diferentes centros carcelarios. El problema es complejo y por tanto requiere de soluciones multidimensionales. Lo peor será seguir enfrentando el fenómeno con políticas simples y unidimensionales, y que pueden tener resultados en el corto plazo, como es la eliminación o encarcelamiento de sus miembros, pero sin posibilidades de consolidar un contexto de paz y convivencia en el mediano y largo plazo, sobre todo en las regiones que han sido más afectadas por el conflicto.