Vereda La Esperanza: 20 años esperando la verdad

Marco Aurelio Muñoz Muñoz, hermano de Orlando de Jesús Muñoz Castaño, una de las víctimas de la incursión paramilitar e la vereda La Esperanza. / Cortesía

Cada día parece más paradójico que esta vereda, ubicada en el municipio de Carmen de Viboral, Antioquia, se llame La Esperanza. Este martes se cumplen veinte años desde que se inició allí una incursión paramilitar que provocó la desaparición forzada de 15 campesinos y la ejecución extrajudicial de uno más, por sus supuestos vínculos con el Ejército Popular de Liberación (EPL). En este triste aniversario, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realiza una audiencia sobre el caso, en la que las víctimas le dirán al tribunal y al Estado que no aceptarán un perdón sin saber la verdad sobre los hechos.

Flor Gallego es una de las sobrevivientes de la violencia en La Esperanza. Perdió allí buena parte de su familia y amigos y lleva veinte años buscando justicia junto a su comunidad. Dice ella que estos han sido veinte años de impunidad. "Hablaríamos de justicia si los militares hubieran ido a juicio, si Ramón Isaza y los de más paramilitares implicados, que estuvieron en la cárcel y se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, hubieran colaborado con la verdad. Y si el Estado hubiera reconocido su implicación. Pero hoy no sabemos absolutamente nada de ninguno de los desaparecidos. Ninguno”.

Flor está en Costa Rica para la audiencia ante la Corte IDH, en un caso que se limita a la desaparición forzada de 12 de las víctimas, entre estas tres menores de edad y una mujer, entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996. “Estamos aquí para pedir lo que llevamos pidiendo 20 años: la verdad. Vamos a exigir, una vez más, que el Estado acepte su responsabilidad, porque ahora que estamos en un proceso de paz y se habla mucho del perdón, no puede pedirnos perdón sin haber reconocido y aceptado sus cargos. No puede tener ese descaro después de 20 años de injusticia”, dice.

El 21 de junio de 1996 es recordado por los habitantes de La Esperanza como el día en que se intensificó el asedio por parte de un grupo paramilitar comandado por Omar Isaza, bajo el mando de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, encabezadas por su padre, Ramón Isaza Arango. No fue sólo un día, sino un asedio sistemático que generó desapariciones forzadas y episodios de violencia durante muchos años.

En 2005, la promulgación de la Ley 975, más conocida como Ley de Justicia y Paz, permitió una pena alternativa para los paramilitares desmovilizados que acudieran al proceso y ayudaran a esclarecer los hechos. Esta pena es de 5 a 8 años de privación de libertad, incluso para violaciones graves de derechos humanos si se confiesa la verdad plena. Flor recuerda que cuando supieron sobre las desmovilizaciones de los paramilitares, los habitantes de la comunidad se llenaron de expectativa porque porque creyeron que, después de casi una década, iban a conocer la verdad sobre lo sucedido. Pero no fue así. En palabras de Flor, "la Ley de Justicia y Paz fue un fracaso, porque fueron ocho años en los que esos hombres se acogían colaborando con la verdad, pero la verdad no fue dicha. No supimos nada por parte de los desmovilizados. Y por parte del Ejército, el cual todos sabemos que fue cómplice, sólo hemos recibido negación”.

Según información recogida por el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en el caso de La Esperanza, hasta la fecha, 204 de los 990 integrantes desmovilizados de las Autodefensas del Magdalena Medio se han sometido al procedimiento de la Ley 975. De estos, sin embargo, sólo 17 han dado una confesión de su involucramiento en acciones paramilitares y muchos no se presentan a las audiencias a las que son citados.

Mientras tanto, en la vereda La Esperanza siguen esperando. Bayron Góngora, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, confirma que hasta hoy las víctimas no han logrado conocer la verdad, y que los mecanismos de justicia transicional no han sido útiles. “A pesar de que la fiscal de Justicia y Paz ha reconocido que de las pruebas recaudadas se infiere que los integrantes de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio contaron con la aquiescencia y connivencia de integrantes del Ejército para perpetrar los hechos, aún no se ha realizado una investigación dirigida a establecer quiénes fueron estos militares, y aún no se sabe sobre el paradero de las personas desaparecidas”.

Hasta hoy, Justicia y Paz sólo ha realizado la audiencia de legalización y aceptación de cargos contra Ramón Isaza, a quien le fue concedida la libertad provisional en febrero de este año, a pesar de que no ha contribuido con la verdad. Según la Corporación Jurídica Libertad, en sus primeras declaraciones Isaza aseguró no saber nada del asunto y luego señaló como responsables a tres de sus hombres que ya están muertos, así como al Brigadier General Alfonso Manosalva Flores, perteneciente a la Cuarta Brigada del Ejército, también fallecido.

Respecto a los otros jefes paramilitares, explica Góngora, a pesar de que han aceptado la responsabilidad por todas las desapariciones por cadena de mando, aún la Fiscalía de Justicia Transicional no les ha realizado la formulación de imputación. Es decir que “veinte años después no hay ni en la justicia ordinaria, ni en Justicia y Paz, una sola sentencia condenatoria por estos hechos”.

Fue precisamente debido a la falta de justicia en Colombia que la Corporación Jurídica Libertad llevó el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 1999. En esta audiencia, dice Góngora, lo que se pedirá a la Corte Interamericana es que “condene al Estado colombiano por haber violado la Convención Americana de Derechos Humanos al incumplir la obligación de esclarecer graves violaciones a los derechos humanos derivada del deber de garantía y otros derechos fundamentales, al no dar una respuesta adecuada a los hechos victimizantes, al no proteger a la comunidad, al incumplir los estándares para la investigación del delito de desaparición forzada, al no buscar a las personas desaparecidas y al no determinar y reparar los daños ocasionados”.

Este caso tiene particular importancia, porque el tribunal no sólo examinará cómo los grupos paramilitares ejercieron una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos, con la presunta participación y tolerancia de las fuerzas militares y la Policía, sino que examinará también los beneficios jurídicos otorgados en el marco de la Ley de Justicia y Paz y los mecanismos de esclarecimiento de la verdad establecidos en la misma. Una ocasión para evaluar los antecedetes de la justicia transicional en Colombia, ahora que tanto se habla de esto en el marco de las negociaciones entre el Gobierno y las Farc en La Habana.

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