Razones para creer en los cinco electores de la justicia para la paz

Miembros del comité seleccionador de los magistrados que integrarán la JEP.

El acto legislativo sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación para la paz está a un debate de ser aprobado en el Congreso. Como era de esperarse, el tema ha crispado a varios sectores, en especial a los militares que desconfían de la imparcialidad del sistema.

Este será el tema del año, porque si se aprueba el acto legislativo y se sanciona por Presidencia tomará todo 2017 la selección de los magistrados que integrarán la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la comisión de la verdad.

Por eso, quizás, los más interesados en que el comité de selección de estos 51 magistrados nacionales y 11 expertos internacionales haga las cosas bien son ellos mismos. Esa es la única manera de darle legitimidad a este mecanismo nuevo, que genera preguntas, inquietudes y dudas.

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Una pelea por independencia real

La historia de la selección de este comité se remonta públicamente al 12 de agosto de 2016.

Ese día se conoció el Comunicado 88 del proceso de negociación de paz entre el Gobierno y las Farc. En este se anunció cómo iba a ser el mecanismo de selección de magistrados de la justicia transicional y se señaló que se iba a conformar un comité de escogencia independiente y autónomo. Sin embargo, a renglón seguido se dijo que las partes acordarían el reglamento de composición y funcionamiento.

Una clara contradicción: querían que fueran autónomos e independientes, pero al mismo tiempo serían las partes quienes decidieran las reglas de juego que tendrían y cómo entrarían a trabajar estos comisionados.

Esto generó una reacción de todas las instituciones que fueron escogidas para seleccionar los miembros del comité. Y a su manera presionaron hasta que el Gobierno y las Farc aclararon en el acuerdo final y en el acto legislativo que se discute en el Congreso que el comité de selección será independiente para decidir cómo trabajar. ¿Independiente de qué? Independiente de las partes y con un criterio de acción que no responda a los intereses en juego y en tensión en el país.

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Así quedó definido en el acuerdo refrendado y en el acto legislativo que se debate en el Congreso y que quedará en la Constitución. La transparencia, rigurosidad, idoneidad e independencia de los jueces de la JEP, que tanto les preocupa a los militares, quedó blindada, entre otras, porque la selección de estos magistrados se hará a través de un proceso de postulación pública. Además, habrá un concurso de méritos público y abierto para ser parte de este tribunal.

Está claro que el éxito de este modelo de Justicia Transicional depende, en buena medida, en la calidad de las personas que estén allí. Pero, a diferencia de lo que dicen los detractores, este comité está integrado con personas cuya trayectoria impide creer que se van a prestar para manipulaciones o presiones políticas.

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Estos son:

Juan Méndez

Este argentino, de 72 años, es una autoridad en el mundo en Derechos Humanos, un académico que si bien ha sido activista se ha dedicado a la academia durante años. Ha ocupado altos cargos en el Sistema de Naciones Unidas, y aquí ha sido relator de genocidio, y relator, hasta hace poco, contra la tortura. Es Presidente Mérito y exdirector del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés) la organización, con sede central en Nueva York,  que posiblemente sea la más autorizada y respetada sobre este tema en el mundo. En ese sentido, Méndez, entiende perfectamente la importancia de los mecanismos de justicia para las transiciones de la guerra a la paz. Eso quiere decir que no estamos hablando de una persona que solo esté hablando en clave punitivista, como aseguran algunos sectores cercanos a los militares en el país. Méndez representa los valores del ICTJ y esto también se asume como una responsabilidad institucional.

Álvaro Gil Robles

Este portugués de nacimiento, de 72 años,  fue candidatizado por El Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Fue Defensor del Pueblo en España, en 1988, y es reconocido por su compromiso con los derechos humanos y las víctimas. Fue comisario de derechos humanos del Consejo de Europa. Y aunque conoce poco el país es una persona con una enorme trayectoria política y académica. 

Francisco Acuña

El escogido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia fue el magistrado colombiano de este alto tribunal y presidente encargado de la misma. Acuña fue decano de derecho de la Universidad Nacional y como tal un penalista experimentado y un académico reconocido. Por su conocimiento en la rama, Acuña quizás sea el que más sepa sobre la trayectoria y capacidad de los magistrados que se presenten para ser escogidos en la JEP y en la comisión de la verdad.

Claudia Vaca

La única mujer en el comité es una científica sin apasionamientos. No tiene el conocimiento técnico en temas de derecho, pero sí herramientas investigativas valiosas. Como funcionaria del Ministerio de Salud, Vaca se convirtió en un símbolo de la cruzada para que los precios de los medicamentos sean justos y no impuestos por la dictadura de los laboratorios y farmaceuticas. Esta docente de la Universidad Nacional lideró durante cuatro años un equipo técnico y comprometido que sacó adelante esta investigación con el objetivo de regular este tipo de productos, pero a partir de conceptos científicos. Además, trabajó en aspectos de propiedad intelectual, patentes y productos libres de operaciones. Como estudiante de farmacia de la Universidad Nacional, durante la vicerectoría de Antanas Mockus, se interesó con la política interna de la universidad y terminó enfrentada a los grupos radicales que no querían elecciones estudiantiles.

Diego García-Sayán.

Este peruano, de 66 años, nominado por la ONU, ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores en Lima en el gobierno de la transición después de Alberto Fujimori, donde logró que Perú adhiriera a la Corte Penal Internacional. Ha sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por mucho tiempo y la presidió entre 2010 y 2014.  Es hoy relator de Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogados. Es decir, su rol actual, como relator independiente, es velar porque la selección de magistrados y jueces de todo el mundo se haga conforme a estándares internacionales. Si alguien tiene que cuidar que la selección de magistrados en Colombia se haga bien es él.