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En la segunda semana de septiembre Colombia recibirá una visita oficial sin antecedentes: la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, llegará por primera vez a hacer preguntas incómodas sobre las investigaciones por graves violaciones de derechos humanos que tienen al país bajo la lupa de este tribunal internacional desde 2004. Principalmente, Bensouda y su equipo indagarán los expedientes de ejecuciones extrajudiciales, los mal llamados falsos positivos, pues la Fiscalía de la CPI ya tiene en la mira a 23 generales y seis coroneles activos y retirados que estuvieron al frente de las unidades militares señaladas de estar implicadas en 1.228 de estos hechos entre 2002 y 2010.
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Justo después de la visita del papa Francisco, la fiscal Bensouda se reunirá con distintas autoridades del Estado para intercambiar información y pedir aclaraciones sobre las dudas que surgen en las investigaciones por ejecuciones extrajudiciales, en las que aparecen vinculados el actual comandante de las Fuerzas Militares y tres excomandantes del Ejército. En la más reciente comunicación que envió la CPI al Gobierno colombiano, publicada el pasado 9 de julio por El Espectador, se precisó que la Fiscalía de este tribunal internacional abrió cinco casos potenciales —divididos por diferentes regiones del país— y que los datos enviados al tribunal internacional son insuficientes para concluir que se están tomando las medidas concretas al respecto. Por eso, Bensouda le solicitó al Gobierno venir a Colombia.
Esta es la primera vez que la cabeza de la Fiscalía de la CPI viene a Colombia en visita oficial, a solicitar información adicional sobre casos concretos. Si bien en el pasado estuvo en el país el entonces fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, lo hizo para temas netamente académicos. Esta vez el escenario es diferente, pues Bensouda ha seguido de cerca el proceso de paz con las Farc y la implementación del modelo de justicia transicional con el que se busca establecer medidas integrales de justicia, verdad, reparación y no repetición. Es ahí donde la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) cobra un papel de gran importancia, pues Bensouda se ha mostrado confiada en que estos crímenes no queden en la impunidad y se resuelvan en las instancias de la JEP.
Tras la firma del Acuerdo de Paz, la fiscal Bensouda sostuvo que respaldaba la determinación del Estado de poner fin a la impunidad de graves violaciones a derechos humanos, la no aplicación de amnistías e indultos para delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, y el lugar central que tenían las víctimas en el sistema de justicia transicional.
En un comunicado público aclaró, además, que en ningún momento la cárcel es un requisito obligatorio para satisfacer la necesidad de justicia, según los lineamientos del Estatuto de Roma. Pero sí ha recalcado que es de absoluta importancia que Colombia envíe pruebas tangibles de que se están realizando las indagaciones relevantes, para evitar que la CPI asuma el conocimiento de investigaciones penales.
Fuentes consultadas explicaron que la visita de la fiscal de la CPI es de vital importancia y envía un claro mensaje a Colombia frente a la impunidad que se ha prolongado a lo largo de los años en expedientes contra altos mandos oficiales implicados en ejecuciones extrajudiciales. Además, no es común que la propia fiscal Fatou Bensouda vaya a un país a recolectar y solicitar pruebas tangibles de los adelantos de un proceso que está en el radar de la CPI, por lo que se podrían avecinar decisiones difíciles contra Colombia por los falsos positivos.
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Agregaron que, si bien es una corte internacional criticada por su falta de acción a nivel mundial, a pesar de tener un robusto presupuesto, el Estado debe empezar a preparar su defensa y evitar que sea un golpe sorpresivo para Colombia.
“Es la primera vez que Bensouda viene a Colombia y la primera vez que la Fiscalía de la CPI viene en visita oficial. Su llegada se da en un momento crucial, porque todo depende de la aplicación de la JEP y los estándares internacionales de justicia para que se active o no la competencia subsidiaria de la CPI. Además, a finales de septiembre estarán elegidos los magistrados, se estará discutiendo la ley estatutaria y la Corte Constitucional podría seguir estudiando el acto legislativo de la JEP y la Ley de Amnistía. Es un mensaje contundente de la Fiscalía de la CPI y va a ser interesante ver el impacto que tenga”, sostuvo Camila Moreno, directora del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ).
“Hay que poner en perspectiva esta visita. Por un lado hay continuidad en el sentido de que Colombia ha sido sujeto de seguimiento y monitoreo de la CPI desde 2004. Mucho antes de que estuviera la fiscal Bensouda, desde la época de Moreno Ocampo. Por otro lado, las circunstancias son especiales porque estamos ad portas de arrancar un proceso de justicia transicional, con un aparato institucional que comenzará a funcionar el próximo año. Considero que la fiscal quiere hacer un acompañamiento más personal y directo”, señaló César Rodríguez, director de Dejusticia.
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El despacho de la fiscal Bensouda explicó que los procedimientos hipotéticos que se adelantan en la CPI —como los cinco casos potenciales de ejecuciones extrajudiciales que involucran a 29 altos oficiales del Ejército, con nombre y apellido— no tienen ningún efecto hasta el momento, porque Colombia continúa bajo observación y no se tiene información concreta sobre las investigaciones. Sin embargo, algunos expertos manifestaron que la visita de Bensouda puede ser una especie de presión para que la Corte Constitucional, que actualmente estudia el acto legislativo que le dio vida a la Jurisdicción Especial de Paz, enmiende algunos errores jurídicos.
El punto de principal preocupación entre el grupo de fiscales que están en La Haya (Países Bajos), sede de la CPI, es la interpretación sobre cómo se establece la responsabilidad de mando. Es decir, determinar la responsabilidad de los altos oficiales que, si bien no tiraron del gatillo, tampoco evitaron que sus subalternos cometieran crímenes como las ejecuciones extrajudiciales. Este es uno de los debates más sensibles en el interior de la Corte Constitucional, pues desde muchos sectores coinciden en que cumplir con los cuatro requisitos establecidos en el acto legislativo para responsabilizar a un alto mando de las Fuerzas Armadas es casi imposible y va en contravía del derecho penal internacional.
“Hay que evitar interpretaciones erróneas sobre esta visita: la primera, que la CPI está en contra de la JEP, como han venido declarando contradictores del proceso de paz. Eso no es cierto, porque en su última declaración Bensouda decía que veía con buenos ojos a la JEP. Y la segunda interpretación errónea es que el acompañamiento que está haciendo la CPI sea visto como la aceptación de cualquier tipo de implementación de justicia transición sin solucionar los cabos sueltos. Aún falta la ley estatutaria para el funcionamiento de la JEP, el reglamento que crearán los magistrados electos y las interpretaciones que estos hagan sobre los casos. Lo importante para la CPI es que se mantenga un balance entre los mínimos de justicia que dicta el derecho internacional humanitario”, concluyó el director de Dejusticia.
Lo más importante en este momento es que, si se hace bien el trabajo en la JEP, los casos por crímenes de lesa humanidad y de guerra no tendrían que terminar ante jueces internacionales. En un mes la Fiscalía de la CPI estará revisando con lupa los avances en casos de ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y de género, desaparición forzada y desplazamiento forzado, crímenes sobre los que llamó la atención desde el primer reporte interino sobre Colombia publicado en noviembre de 2012.
Ya se han realizado decenas de encuentros entre miembros de la CPI y autoridades del Estado —como la Fiscalía—, organizaciones no gubernamentales y representantes del sistema de la ONU, en cabeza de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.