Excarcelaciones de la JEP, a cuenta gotas

El arribo de uno de los buses del Inpec con guerrilleros excarcelados a la zona veredal de Mariana Paz en el Meta. /Cortesía

Algo más de 580 personas, entre miembros de las Farc y de la Fuerza Pública, han sido excarceladas en el marco de la ley 1820 de diciembre del año pasado, que otorga beneficios de amnistía y libertad condicionada, en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

Algunos lo han hecho porque fueron amnistiados, como es el caso de 235 guerrilleros que estaban siendo procesados por delitos políticos: rebelión, sedición y asonada. Ellos ya no tienen cuentas pendientes con la justicia y gozan de plena libertad. Sus delitos fueron perdonados.

Los demás recibieron el beneficio de la libertad condicionada por parte de un juez de ejecución de penas, porque cometieron delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra que no son amnistiables y sus casos deben ser analizados por los jueces y magistrados de la JEP.

Para el caso de las Farc, 122 de sus miembros recobraron la libertad porque ya cumplieron 5 o más años de estar en prisión y están a la espera de que la Jurisdicción Especial para Paz entre en funcionamiento. A pesar de que podrían estar sus casas, muchos de ellos se fueron a las zonas veredales por seguiridad. No pueden salir del país y deben informar el cambio de su domicilio.

Y 112 guerrilleros más fueron trasladados a la zona veredal de Mesetas, bajo un régimen especial con custodia de funcionarios del INPEC, porque no han cumplido ese tiempo de prisión. Ellos también deben esperar a que se instale la sala de definición de situación jurídica de la JEP para que su caso sea resuelto allí.

En el caso de los miembros de la Fuerza Pública (efectivos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía) que están siendo procesados por delitos relacionados con el conflicto, no es posible que sean amnistiados, ya que no incurren en delitos políticos.

Para ellos, en virtud de un acuerdo con el gobierno, se incluyó en la ley 1820 un trato diferencial pero equitativo, simétrico y simultáneo al de las Farc. Eso significa que no pueden ser objeto de amnistía (trato diferencial), pero pueden ser beneficiarios de la libertad condicionada (trato simétrico) y al mismo tiempo (simultáneo) antes de que entre en funcionamiento la JEP. Por ello se les puede otorgar la libertad condicionada en estos momentos.

Hasta ahora, 72 integrantes de la Fuerza Pública han recibido este beneficio, y deben presentarse con alguna regularidad (no se ha determinado si es quincenal o mensual) ante el director del centro de reclusión militar o el comandante de la unidad.

Los listados

Cada una de las partes viene elaborarando sus propios listados, de personas que pertenecen a la organizacion, en el caso de las Farc, o que pueden recibir los beneficios, en el caso de los miembros de la Fuerza Publica.

Cada parte presenta los listados a la secretaria ejecutiva de la JEP para que allí analicen cada caso y se decida si merecen entrar a este sistema de justicia transicional, que entrará a operar en unos meses, cuando se surtan algunos trámites legislativos que faltan en el Congreso.

En el caso de las Farc, ese trabajo empezó hace dos años, en pleno proceso de La Habana. En cada cárcel hicieron un censo de miembros de la guerrilla. Ese primer listado se hizo con el nombre de pila, los alias que tuvo la persona en la organización, la estructura a la que perteneció y los comandantes que tuvo como superiores. El secretariado de las Farc repartió las listas por bloque y de allí se empezó a confirmar la información, caso por caso.

Un proceso complejo si se tiene en cuenta que muchos de los procesados nunca reconocieron su pertenencia a las Farc, por estrategia para su defensa, y que muchos presos quisieron ingresar a la lista para obtener los beneficios sin haber pertenecido a la organización. De hecho, el listado se cierra al término de esta semana porque aun siguen confirmando los datos.

Se sabe que más de 4.700 personas privadas de la libertad quisieron ingresar al listado. Después de la depuración de listas, las Farc han reconocido a 3.119 combatientes, de los cuales hay apenas 274 mujeres. De ese número, el gobierno ha acreditado la pertenencia a las Farc de 2.388 personas.

Los abogados que apoyan a las Farc en estos trámites han pasado 1.728 solicitudes a la secretaria de la JEP.

En el caso de los miembros de la Fuerza Pública, el ministerio de Defensa creó un comité especial, con delegados de cada una de las fuerzas, para evaluar cada caso de los cerca de 2.200 hombres que están privados de la libertad y procesados por delitos relacionados con el conflicto. En libertad, pero investigados, hay cerca de 2.800 hombres.

Se han tramitado, hasta el momento, 802 solicitudes ante el secretario de la JEP. Y han recibido la libertad condicionada 72 hombres. Todos están acusados de cometer homicidios simples, agravados o en persona protegida.

Es decir, aquí se incluyen los llamados “falsos positivos”, que son catalogados como homicidios en persona protegida.