El frenesí que ha producido la Justicia Especial de Paz

John Fredy Manco (de chaqueta café) argumentó que había sido paramilitar. El jefe del bloque al que supuestamente perteneció, lo desmintió. / Foto: Policía

Penas alternativas de máximo ocho años para quienes reconozcan verdades y responsabilidades, aun tras cometer las más graves violaciones de derechos humanos, y libertades condicionadas para quienes lleven más de cinco años privados de la libertad, son resultados de los diálogos de paz en La Habana. Son también un fruto demasiado tentador, que hoy tiene a más de uno maquinando cómo acceder a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Lo afirman los penalistas consultados por este diario: la consulta de moda es cómo someterse a ese sistema de justicia transicional. A la JEP aún le faltan infraestructura, magistrados, salas, pero es el lugar en el que un buen número de condenados y procesados quieren aterrizar.

Los cálculos de la Secretaría Ejecutiva de la JEP es que todo el andamiaje estará funcionando en enero del otro año. Aun así, son varios los detenidos que quieren todo con la JEP. Lo que puede leerse en el panorama es que en varias cárceles del país hay presos que están viendo en este sistema el fin a sus problemas, incluso pasando por alto un requisito fundamental: que la condena o el proceso del solicitante debe estar relacionado con el conflicto. Hasta ahora, la legislación que se ha proferido para la JEP no ha sido clara en señalar cómo se tasa una relación "directa o indirecta" con la guerra, y de ese vacío son varios los que al parecer quieren tomar ventaja.

Por eso, en estos seis meses que han transcurrido desde que se firmó el Acuerdo Final con las Farc, han salido a flote nombres insólitos. Por ejemplo, el de John Fredy Manco Torres, alias el Indio, quien a principios de mayo pasado dejó constancia en un documento de su interés de acudir a la JEP y contar todo lo que sabe sobre la guerra. Sería un gesto contundente, de no ser porque proviene del narcotraficante que le costó el cargo al exdirector de Fiscalías Seccionales de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio. Hacia 2008, trascendió que el Indio había negociado con Valencia Cossio para que este lo sacara del organigrama de los más buscados de la ciudad. El Indio ha dicho que perteneció al Élmer Cárdenas de las AUC, pero el exjefe del bloque, alias el Alemán, lo ha negado. ¿Qué confesiones podría hacer alguien sobre una guerra que no conoció?

Hace poco más de una semana se supo que un segundo narcotraficante trató de colarse en la JEP: Gildardo Rodríguez, el organizador de Los Machos, el ejército privado del capo Diego León Montoya. En el cartel del norte del Valle, Rodríguez era conocido como el Señor de la Camisa Roja. Rodríguez es víctima del exterminio de la izquierda de este país —su padre y uno de sus hermanos, integrantes del Partido Comunista, fueron asesinados— y discípulo de Orlando Henao Montoya, jefe de Cartel del norte del Valle. Antes de Rodríguez, en febrero de este año, lo mismo había intentado Segundo Villota, solicitado en extradición por una corte de Texas desde 2013 por traficar droga con las Farc y con carteles mexicanos.

Las Farc, se supone, están en la tarea de armar con rigurosidad la lista de por lo menos 12 mil exguerrilleros que se postularán a la JEP, con ojos vigilantes para que no se cuelen narcotraficantes ni delincuentes ajenos a la guerrilla. Pero fueron ellos mismos quienes, por ejemplo, postularon al Señor de la Camisa Roja, por lo que los ojos vigilantes sobre la propia guerrilla también serán necesarios. Además, no son sólo los capos los contagiados por la fiebre de acogerse, a como dé lugar, a la Justicia Especial para la Paz. El catálogo de los interesados es variado.

Por un lado, están los uribistas. El primero de ellos en alzar la mano fue el exministro de Protección Social Diego Palacio. Lo siguió, poco después, el exministro de Interior y Justicia Sabas Pretelt y, por último, el exsecretario de la Presidencia Alberto Velásquez. A los tres los condenó la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de la yidispolítica, en el que se configuró en 2004, a cambio de prebendas, la reelección de Álvaro Uribe Vélez. En abril pasado formalizaron su intención de someterse a la JEP y, dado que un requisito básico para ello es explicar la relación de sus delitos con el conflicto armado, los tres alfiles del uribismo le echaron tierra a una de las principales tesis de su partido (la inexistencia del conflicto) y reconocieron que en Colombia sí hay guerra.

“El delito de cohecho por el cual fui condenado tiene relación con el conflicto (…) en la medida que la reelección presidencial era a su vez una reelección de la política de seguridad democrática y esta iba encaminada a luchar contra las Farc”. Así explicó Diego Palacio su deseo de acogerse a este sistema de justicia transicional. Pretelt, por su parte, mostró algo que parece ser el factor predominante por estos días: poco conocimiento del sistema. “Tengo que ir a la Sala de Definiciones Jurídicas”, le dijo a Sigifredo López en una conversación revelada por este diario a finales de abril pasado. “Usted puede acudir es a la Sala de Revisión, porque su situación jurídica ya está definida, pero aportando verdad”, le corrigió López. “No, no —insistió Pretelt—, ellos no tienen que revisar mi sentencia, ellos lo que tienen que hacer es (mirar) si es verdad o no que el delito por el que me acusaron tiene que ver con el conflicto. Punto”.

Por otro lado, están los 147 militares que en 2003 robaron una millonaria guaca de las Farc que encontraron mientras caminaban por la sierra de La Macarena (Meta) al cumplir la orden de rescatar a tres contratistas estadounidenses secuestrados por la guerrilla. Se habló en ese entonces de que se trataba de una caleta de más de $40 mil millones. Fueron condenados a entre 48 y 72 meses de prisión y la historia dio hasta para una película. Al cerrar mayo, se supo que habían solicitado su ingreso a la JEP. “Ellos no estaban paseando. No estaban haciendo una actividad distinta a defender la patria. Estaban en el marco del conflicto armado”, le explicó Pedro Puentes, el defensor de los militares, a Noticias Caracol.

El deseo de ingresar a la JEP y saldar para siempre las deudas con la justicia, con penas alternativas —no hay cárcel— de máximo ocho años, sigue creciendo en popularidad. ¿Quiénes serán finalmente los beneficiados? Serán los magistrados quienes decidan. Por esa y otras razones de igual importancia es que es clave la selección de las personas que tomarán estas relevantes determinaciones.