Marisol Peña Torres está en Colombia

El ejemplo del plebiscito chileno

El Espectador habló con esta magistrada del Tribunal Constitucional de Chile sobre la experiencia de su país cuando utilizó este mecanismo de refrendación popular para poner punto final a la dictadura de Augusto Pinochet.

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Marisol Peña Torres es profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
/ Archivo particular

Marisol Peña Torres es la magistrada más antigua del Tribunal Constitucional de Chile, el equivalente a la Corte Constitucional colombiana. La ministra, como se refieren a los jueces en ese país, lleva más de nueve años discutiendo sobre derechos fundamentales y además, en agosto de 2013 se convirtió en la primera mujer en ser la presidenta de esta corporación. Peña está en Bogotá esta semana para hacer parte del Decimoprimer Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, organizado por la Corte de Colombia. Su presencia en este panel es fundamental: además de ser una académica y experta en temas constitucionales, conoce a fondo el proceso que vivió su país tras los resultados del plebiscito en 1988 que acabó con la dictadura militar de Augusto Pinochet.

El Espectador habló con la magistrada Peña sobre las lecciones que puede aprender Colombia con base en la experiencia chilena, pocos días antes de que los colombianos se acerquen a las urnas para votar si están de acuerdo o no con el Acuerdo Final con las Farc. 

Usted va a participar en una charla sobre el plebiscito, paz y justicia transicional. ¿Cuál puede ser su aporte desde la experiencia chilena?

Voy a plantear una mirada de lo que ha sido el proceso de transición y de restauración democrática en Chile. Sobre todo, voy a hablar del rol decisivo que jugó el plebiscito de 1988 en mi país, un mecanismo previsto en la propia Carta Política para facilitar el camino definitivo hacia la democracia en Chile.

Sobre esa votación que vivió Chile en 1988, ¿qué lecciones le quedan a Colombia?

Son tres cosas. Primero, quiero destacar la claridad de las reglas del juego que teníamos en ese momento. Era, eso sí, un plebiscito diferente al que viven aquí. En Chile estaba prevista desde el comienzo la vigencia de la Constitución de 1980: cuando terminara el primer período del general Augusto Pinochet, de ocho años, la ciudadanía se iba a pronunciar en las urnas diciendo si quería su continuidad o si deseaba que hubiera elecciones democráticas y abiertas.

Usted mencionó que son tres lecciones. ¿Cuál más?

El segundo punto es la necesidad de que los procesos plebiscitarios estén acompañados de dosis adecuadas de libertad de expresión. Todos los sectores que hacen parte del debate deben tener un espacio para expresarse. He visto, por ejemplo, que un expresidente de Colombia es muy contrario a los acuerdos de paz que logró el gobierno de Juan Manuel Santos. Eso es importante para el ejercicio de un voto informado.

¿Y la tercera cuál sería?

La firme voluntad de cumplir el resultado democrático de la votación. No puede ser que un plebiscito se convierta en una máscara o una maniobra de algo que definitivamente ya se ha implementado; tiene que ser realmente la expresión de la voluntad popular. Yo creo que su país se merece la paz. He tenido la oportunidad de estudiar el conflicto y de escribir sobre él. Colombia es uno de los países de América Latina en donde la paz no solamente ha sido levantada como un valor constitucional, sino como un derecho. Eso es muy interesante, porque concebir la paz como un derecho significa darle exigibilidad.

¿Qué quiere decir?

Que no sea simplemente una aspiración o un ideal, sino que el pueblo realmente tenga mecanismos para que la paz se imponga. Le deseo mucha suerte a Colombia y a cada uno de los colombianos en esta búsqueda.

Usted habla de la importancia de tener reglas de juego claras. Aquí pasa algo: no es claro qué se viene si gana el No. ¿Cuál es la experiencia de su país al respecto?

Lo ideal es que las reglas del juego tengan una salida tanto para el Sí como para el No. Así, aun cuando el pronunciamiento ciudadano sea negativo, no existirá el espacio para la improvisación de quienes están comprometidos, en este caso, en los Acuerdos de Paz. Esa salida para el No debería estar cubierta en las reglas del juego.

¿Cuáles son los grandes debates constitucionales que se viven en estos momentos en Chile?

Hay varios. La reforma educativa propuesta por el Gobierno, por ejemplo. Pronto viene uno muy importante, que es el proyecto de despenalización del aborto en caso de tres causales: inviabilidad de la vida del hijo, incompatibilidad entre la vida de la madre y la del hijo y en caso de violación.

La Corte Constitucional de Colombia ya se pronunció sobre ese tema y justamente dijo que no podía haber sanción en las tres causales que menciona. ¿Tendrán en cuenta esa sentencia?

En general, en el Tribunal de Chile hemos mantenido la posición de traer jurisprudencia de otros países. Personalmente, he citado muchas veces en mis sentencias y en mis votos a la Corte de Colombia. Sus fallos son una referencia conocida en nuestro Tribunal. Seguro que en el momento de estudiar el tema del aborto tendremos a la mano lo que ha dicho la (Corte) colombiana. Para mí siempre han sido muy importantes.

Tras la caída de la dictadura en Chile vino un proceso muy importante de reconocimiento y reparación de víctimas. En Colombia, este tema es quizá uno de los grandes retos que deriva del Acuerdo Final. ¿Qué se puede tener en cuenta del proceso que vivió su país?

Me cuesta trabajo pronunciarme porque hoy día todavía hay asuntos pendientes. Pero sí puedo decir, desde mi experiencia académica, que es un tema fundamental que tiene que ver con las categorías que plantea el derecho internacional. Cuando hablo de esta tema me refiero a la justicia transicional, que plantea siempre un gran debate entre las dimensiones de la justicia, reparación y la vedad, y por otro lado, las dimensiones de la paz social. Es claro que la Corte Interamericana prohíbe las amnistías. Pero hay países como Chile, Uruguay y Colombia, que consideran una amnistía dentro del proceso de paz.

Se genera una especie de tensión. ¿Cómo se puede solucionar?

Es muy difícil. Cada Estado debe encontrar su propia línea de equilibrio. En el fondo es poner estas categorías en una balanza, en momentos históricos determinados, y ver hacia qué lado se inclina más; o preguntarse cómo conciliar esos elementos. Entiendo que esa es la propuesta de paz que se está discutiendo en Colombia. Por eso es que en el Acuerdo se habla de un Tribunal Especial que va a juzgar a aquellas personas que hayan participado en hechos violentos. Eso es tener un estándar de justicia que al mismo tiempo va a coadyuvar a una situación de paz que tanto ansía Colombia. Me parece muy interesante esta fórmula.

¿Cuáles cree que son las fortalezas de la Corte Constitucional y la jurisprudencia colombiana?

Su Corte es tachada usualmente en los medios académicos y en el ámbito del derecho comparado como un tribunal demasiado audaz. Nunca he juzgado negativamente esa circunstancia. La situación que vive Colombia, con una historia de conflicto interno tan grave y una población de desplazados tan impactante, ha exigido un rol mucho más activo de la Corte Constitucional. Por ejemplo, a mí me impresiona muchísimo su creación de la categoría del estado de cosas inconstitucional. A la Corte le ha servido enormemente para hacer justicia y amparar derechos fundamentales.

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