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Después de seis años y nueve meses preso por un crimen que él dice que no cometió, David Ravelo Crespo, dirigente de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), organización que lleva 30 años de trabajo humanitario en Barrancabermeja y el Magdalena Medio, recobró su libertad tras acogerse a la Justicia Especial para la Paz (JEP). Ravelo fue señalado como partícipe de acciones violentas de la guerrilla y, por esa causa, llegó a la JEP. Sin embargo, se reafirmó en que nunca perteneció a la insurgencia, pero quiere que se demuestre cómo el proceso en su contra fue producto de un montaje judicial protagonizado por el exparamilitar, hoy procesado como falso testigo, Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero.
La historia de este caso se enmarca en la tragedia vivida por Barrancabermeja, a raíz de la degradada confrontación armada que libraron los grupos ilegales. Una cronología que marcó un antes y un después de la masacre del 16 de mayo de 1998, cuando el paramilitarismo perpetró uno de los peores crímenes en su registro: el homicidio de siete civiles y la desaparición forzada de 25 personas. “Con este hecho, las autodefensas hicieron la declaración oficial de sus intenciones de arrebatarle el control del puerto petrolero a la guerrilla y consolidarse allí, así fuera necesario sacrificar parte de la población civil”, fue la versión de Orián Jiménez en su libro “Las guerras del Magdalena Medio”, texto también relacionado en el expediente contra Ravelo Crespo. (Le puede interesar: "Lo que falta para implementar la paz")
Después de la masacre, Credhos asumió en Barrancabermeja las denuncias públicas contra el paramilitarismo y fue David Ravelo, en calidad de directivo de la organización y exintegrante de la Unión Patriótica (UP), quien las encabezó. Diez meses después, el 19 de marzo de 1999, luego de asesinar a un taxista fue capturado en El Playón (Santander) Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero. Seriamente comprometido en la masacre de mayo de 1998, fue remitido a la cárcel Modelo en Bogotá, que para la época ya se estaba convirtiendo en territorio de guerra y tráfico de armas. Entró al pabellón de Alta Seguridad, comenzó a trabajar en la lavandería, y allí se hizo cercano del recién capturado zar de los insumos químicos para el narcotráfico, Miguel Arroyave.
Pasó brevemente por los patios tercero y quinto, pero gracias a su amistad con Miguel Arroyave, futuro jefe del Bloque Centauros de las autodefensas, fue reubicado en el patio cuarto, donde ofició como coordinador, a órdenes de Arroyave y Ángel Gaitán Mahecha. Haciendo vueltas ilegales, el 25 de mayo de 2000, resultó comprometido en el secuestro, tortura y ultraje sexual a la entonces periodista de El Espectador, Jineth Bedoya, quien estaba documentando lo que sucedía en La Modelo. Sin embargo, en esa época el paramilitarismo arreciaba también en Bogotá y, tanto el ataque a la comunicadora como el violento enfrentamiento entre los presos de las autodefensas y la guerrilla que dejó decenas de muertos en la cárcel, quedaron en la impunidad.
En los siguientes años, El Panadero se caracterizó por su falta de colaboración con la justicia y su negativa a aceptar cualquier responsabilidad en el caso Jineth Bedoya. Entonces llegó el proceso de paz entre el gobierno Uribe y las autodefensas en 2003, la ley de Justicia y Paz en 2005 y, cuando se permitió que ambos fueran extensivos a los paramilitares que ya estaban presos, optó por acogerse a esta laxa jurisdicción. Era su oportunidad para saldar graves cuentas judiciales por una vía expedita. Corría el año 2007 y, cuando se esperaba que comenzara a contar sus verdades en el mundo de las autodefensas, en abril de 2008 sorprendió cuando resultó hablando de sus años de militancia en el frente 24 de las Farc, antes de convertirse en paramilitar. (Lea: "La espera por los desaparecidos en la frontera con Venezuela")
Por la misma época, varios líderes de izquierda de Barrancabermeja, en especial de Credhos, la Unión Sindical Obrera (USO) o la Organización Femenina Popular (OFP) acudieron a la Fiscalía presidida por Mario Iguarán, para denunciar que, a expensas de la controvertida ley de Justicia y Paz, varios paramilitares estaban tratando de estructurar montajes en su contra para señalarlos de guerrilleros. Tiempo después, el expresidente de la USO, Hernando Hernández, declaró que en concreto el jefe paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, lo señaló a él de pactar acuerdos con Carlos Castaño, a Yolanda Becerra de la OFP de hacer arreglos para que no la mataran y a otros dirigentes de estar incriminados en asesinatos de sindicalistas.
En ese contexto se configuró el señalamiento contra David Ravelo, antecedido por dos extrañas circunstancias. En primer lugar, la aparición del libro “Las guerras del Magdalena Medio”, escrito por el catedrático Orián Jiménez Menenes, con varias acusaciones contra dirigentes de izquierda de Barrancabermeja, especialmente en el capítulo titulado “La USO y sus partidos: de coletos, mamertos y moirosos”. Y en segunda instancia, dos encuentros directos entre Julián Bolívar y El Panadero, según éste lo admitió ante la Fiscalía, primero en la cárcel de Palogordo en Bucaramanga donde aquel lo visitó, y después en un súbito y breve traslado de El Panadero a la cárcel de Itagüí, donde todavía estaban recluidos los principales jefes del paramilitarismo.
Lo cierto es que el 17 de abril de 2008, Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero, en vez que concentrarse en sus andanzas como paramilitar, terminó relatando sus días de militancia en el frente 24 de las Farc y, en medio de su declaración, aseguró que él, junto a otros guerrilleros, había participado en el asesinado del exsecretario de obras públicas de Barrancabermeja, David Núñez Cala, ocurrido el 5 de abril de 1991. Acto seguido agregó que él mismo conducía la moto desde la cual se consumó el asesinato; que el crimen había sido planeado en un restaurante del puerto situado junto al paso nivel del ferrocarril; y que, en la estructuración del homicidio, habían participado, David Ravelo Crespo y el exdirigente liberal y excongresista, Aristides Andrade.
En ese momento, Ravelo oficiaba como líder del Polo Democrático. Aristides Andrade se había retirado de la política desde 2002, después de 20 años en la Asamblea de Santander y el Congreso, en representación del movimiento Frente de Izquierda Liberal Auténtico (FILA), que además fue la principal plataforma electoral del excandidato presidencial, exministro, exconstituyente y actual senador Horacio Serpa Uribe. Se distanció de la política tras perder la curul con Carlos Arturo Clavijo, el candidato que impusieron dos de los principales líderes del paramilitarismo en Santander, asociados al Bloque Central Bolívar, el mismísimo Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, e Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez. Este último lo admitió públicamente y ante Justicia y Paz.
Desde su retiro, Andrade decidió apoyar la carrera de su hija Claudia Andrade, electa para el Concejo de Barrancabermeja en 2004. Con su apoyo, ella dio dos debates de impacto en el puerto: su oposición a la escogencia de nuevo operador para los servicios de acueducto y alcantarillado, por sospechas en la estructuración del negocio, al punto de que logró la intervención de la Procuraduría para impedirlo; y su resistencia a que la ciudad hiciera parte de la Asociación Nacional de Municipios Amigos de los Procesos de Paz (Amipaz), que después se supo fue una estrategia de penetración del paramilitarismo. A finales de 2007, intentó ser alcaldesa, pero su campaña fue enlodada por falsas acusaciones, con una foto editada de Serpa y su padre en los tiempos de paz de Belisario Betancur.
Con estos antecedentes, los señalamientos de El Panadero parecían sin posibilidad de ser demostrados, pero sorpresivamente, después de pasar por un primer despacho de la Fiscalía que no tomó decisiones de fondo, en julio de 2009, fueron acogidos por otro funcionario. La decisión la adoptó el fiscal 22 especializado de la Unidad Nacional contra el Terrorismo, William Pacheco Granados, quien ordenó escuchar en indagatoria a David Ravelo Crespo y a Aristides Andrade. Un año después, David Ravelo fue enviado a la cárcel. El caso Aristides Andrade fue remitido a la Corte Suprema de Justicia, por tratarse de un excongresista. En enero de 2011, la Corte anuló la indagatoria de Andrade y abrió investigación en su contra.
Hasta ese momento, El Panadero se movía como pez en el agua en Justicia y Paz, e incluso en declaración en octubre de 2011 ante el juzgado que procesó a David Ravelo, con un tono irrespetuoso que fue reprochado por la funcionaria que adelantó la diligencia judicial, manifestó que el único caso por el cual era investigado después de caer preso en 1999 era el de la periodista Jineth Bedoya, pero que en Justicia y Paz ya se venía aclarando esa situación. En la misma cita judicial salieron a relucir sus encuentros con Julián Bolívar previos a sus declaraciones de abril y octubre de 2008, y también que, detrás del citado libro “Las guerras del Magdalena Medio”, realmente estaba Julián Bolívar y la principal fuente oral del mismo había sido Mario Jaimes o El Panadero.
Con lo que no contaba El Panadero fue que en ese mismo año 2011, la entonces fiscal Viviane Morales, ordenó revisar el caso del secuestro de la periodista Jineth Bedoya y el proceso, que reposaba en la impunidad, llegó al despacho de la fiscal especializada de derechos humanos Bibiana Orozco. Para febrero de 2012, Mario Jaimes ya estaba llamado a indagatoria. Habían pasado casi 12 años dilatando su responsabilidad en el caso y confiado en sus arreglos con Justicia y Paz. Además, gracias a sus señalamientos, algunos exmilitares, exfuncionarios y comerciantes empezaban a ser procesados por presuntos vínculos con el paramilitarismo en Barrancabermeja, al tiempo que David Ravelo fue condenado en dos instancias en noviembre de 2012 y octubre de 2013.
No importó que, entre las dos sentencias, en junio de 2013, el periodista Daniel Coronell, en su columna de la revista Semana titulada “El transformer”, denunció que William Pacheco Granados, el fiscal 22 especializado antiterrorismo que había iniciado las investigaciones contra David Ravelo y Aristides Andrade, 22 años atrás había sido destituido por la Procuraduría y condenado por la justicia penal militar por un caso de desaparición forzada ocurrido en 1991. En ese momento, Pacheco fungía como presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Daniel Coronell escribió que “con procedimientos parecidos a los de la fábrica nacional de testigos que actuó contra Sigifredo López, Pacheco mandó a la cárcel a David Ravelo y Aristides Andrade”.
Esa denuncia periodística abrió otro interrogante: ¿A pesar de sus antecedentes, William Pacheco tenía autorización para ejercer como Fiscal? La defensa de David Ravelo terminó incluyendo este argumento en su recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, avalado en que, a la luz del artículo 79, numeral 5, del decreto 261 de 2000, el fiscal Pacheco tenía una inhabilidad de carácter permanente para desempeñar cargos en la justicia y, de acuerdo al decreto 0261 de 2000, tampoco podía detentar cargos en la Fiscalía General de la Nación. No obstante, el alto tribunal no aceptó estudiar el recurso, con lo cual quedó en firme la condena de 18 años de prisión contra Ravelo, por su presunta intervención en el crimen de David Núñez en abril de 1991.
En cuanto a Aristides Andrade, desde que se percató de la suerte corrida por David Ravelo no volvió a comparecer ante la Corte Suprema de Justicia. Su abogado lo hizo, primero para advertir que antes que el debate de fondo, debía plantear varias nulidades. Si bien en abril de 1991, cuando se perpetró el asesinato de David Núñez, el procesado Aristides Andrade oficiaba como congresista, aún no se había proclamado la constitución de 1991 que le dio al alto tribunal la competencia para juzgar a senadores y representantes en única instancia. Todavía existía la inmunidad parlamentaria. Además, insistió la defensa, para la época ya estaba anunciado que el Congreso iba a ser revocado porque lo que deliberaba era la Asamblea Nacional Constituyente.
La Corte rechazó los argumentos, lo mismo que otra petición de nulidad por prescripción de la acción penal. Aceptó que sí había prescrito el concierto para delinquir agravado, pero, según sus cuentas procesales, el homicidio no. Entonces ordenó la captura de Andrade y lo acusó formalmente. La defensa del excongresista se concentró en documentar las inconsistencias de El Panadero en sus declaraciones ante la justicia, o los testimonios de algunos presos que vieron como El Panadero adiestró a su compadre y compañero de armas en el paramilitarismo, Fremio Sánchez, para que lo secundara en sus señalamientos, o de qué manera ofreció colaboración a otros presos para que entraran a Justicia y Paz a cambio de sindicar a Ravelo y Andrade.
Aunque no pudo ser incluida como prueba, la defensa de Aristides Andrade rescató una declaración del fotógrafo Jesús Antonio Villamizar a la Fiscalía en 2011, según la cual estuvo dos veces en la cárcel de Itaguí, a petición de Julián Bolívar, a finales de 2007 y en mayo de 2008, y le vendió las fotos que aparecieron en el libro “Las guerras del Magdalena Medio”. Además, aclaró ser el autor de la foto de Serpa y Andrade con la guerrilla en los diálogos de paz de Belisario Betancur, y que la hizo para Vanguardia Liberal. Esa foto fue aportada como prueba contra Andrade en 2010 y fue la misma que se utilizó para desacreditar la campaña política de su hija Claudia Andrade a la alcaldía de Barrancabermeja en 2007.
En desarrollo de su defensa, en mayo de 2013, Andrade optó por denunciar ante la Unidad de Falsos Testigos de la Fiscalía a El Panadero. Quince meses después, en agosto de 2014, el ente investigador le imputó cargos por fraude procesal y falso testimonio. De inmediato, la defensa de David Ravelo se constituyó como víctima. Entonces Mario Jaimes se dedicó a impedir su juzgamiento. El 11 de agosto de 2015, aparecieron dos abogados a pedir aplazamiento para estudiar el caso. El 18 de enero de 2016, se informó que los abogados habían renunciado. El 26 de abril se aplazó porque el abogado de la Defensoría del Pueblo tenía una capacitación. El 2 de agosto porque El Panadero no aceptó el abogado de la Defensoría. El 27 de octubre porque se negó a asistir.
El 2 de febrero de 2017, por fin se pudo instalar la audiencia de juzgamiento contra El Panadero, por fraude procesal y falso testimonio en el caso Ravelo y Andrade. En ese momento, ya el exparamilitar tenía otro revés en contra. Después de 12 años sin asumir su responsabilidad en el caso Jineth Bedoya, y a pesar de que desde su llamamiento a juicio en septiembre de 2014 se dedicó a dilatar la diligencia definitiva, en febrero de 2016 terminó aceptando los cargos. Un mes después fue condenado a 28 años de prisión y, de inmediato, la Fiscalía solicitó su expulsión de Justicia y Paz. Como en todas sus declaraciones, El Panadero había sido apoyado por su compadre y también exparamilitar Fremio Sánchez, la defensa de Andrade también denunció a este testigo.
El 23 de enero de 2017, la Fiscalía imputó los mismos cargos de fraude procesal y falso testimonio a Fremio Sánchez. Y este decidió emular la estrategia de su compadre: dilatar su juzgamiento. El 13 de marzo, su abogado, el mismo de El Panadero, no asistió, pero mandó a decir que no había recibido la citación. El pasado 12 de junio no llegaron ni Fremio ni su abogado. La audiencia quedó pospuesta para el 10 de agosto. En su congestión habitual, la justicia no ha podido formalizar el juicio. En poder de la Fiscalía reposa una declaración de El Panadero que, al ser interrogado sobre por qué en su primer testimonio no habló de Fremio y en las demás es quien secunda su versión, observó que se le había olvidado y que no sabía para dónde iba la ley de Justicia y Paz.
Por lo pronto y debido a los señalamientos en su contra como guerrillero, pero después de casi siete años de cárcel, David Ravelo decidió llevar su caso a la JEP, lo que permitió hoy su libertad. En criterio de su abogado, Reynaldo Villalba, no solo se va probar la inocencia de su cliente sino el montaje orquestado por el paramilitarismo. En cuanto a Aristides Andrade, lleva seis años tratando de que la Corte Suprema acepte lo mismo, que la Fiscalía avance en sus procesos contra El Panadero y Fremio Sánchez, y que se concluya que también fue víctima de un montaje judicial fraguado desde la cárcel de Itagüí. Paradójicamente, es la Corte Suprema de Justicia la que debe decidir si El Panadero queda definitivamente excluido de Justicia y Paz.