Farc y fiscal general sacan sus propias conclusiones

Las dos lecturas del inventario de las Farc

Un comité intersectorial, de 10 entidades del Estado, se encargará de revisar que lo entregado por la guerrilla corresponda a la realidad.

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El integrante del secretariado de las Farc, Pastor Alape, durante la rueda de prensa.Twitter @NCprensa

Esta semana, la Fiscalía General de la Nación, el Gobierno Nacional y el Secretariado de las Farc se enfrascaron en una discusión en torno a un solo tema: el listado de bienes y activos de esa organización guerrillera. Todo comenzó por una carta que envió el jefe del ente acusador, Néstor Humberto Martínez, al Ministerio del Interior, en la que se encargó de divulgar, pese a estar bajo custodia, varios aspectos contenidos en dicho listado. Lo revelado por Martínez no cayó bien en diferentes sectores políticos, incluido el propio Gobierno, que calificaron de “burla” los bienes declarados por las Farc, al conocerse que en el documento reposaban elementos como exprimidores de naranja y limón, sal de frutas, pocillos, sartenes, talcos y “platicos”. (Puede leer: "Las Farc reportaron $963 mil millones en bienes: Pastor Alape")

Pero las Farc, bajo la vocería de Pastor Alape, respondieron de inmediato con fuertes cuestionamientos a Martínez, a quien culparon de presentar una información “amañada” con el fin, según el líder guerrillero, de inducir a la opinión pública a hacer una valoración distorsionada del hecho histórico que implica que ese grupo haya entregado un inventario de los bienes que tiene en su poder. “No es extraño en absoluto a un inventario el registro de utensilios o existencias. Por ello, no procede, si se es riguroso, ridiculizar la presencia de determinado tipo de bienes y más aún magnificarla de manera malintencionada”, dijo Alape ayer, en rueda de prensa. (Vea: "Los bienes de las Farc: ¿Un listado irrisorio?")

Acto seguido, el Secretariado de las Farc procedió a entregar el listado que contiene una información más amplia sobre sus bienes. Por ejemplo, $2.500 millones en efectivo, más de US$450.000 y 20.724 cabezas de ganado, cifra última que, evidentemente, contrasta con la entregada por el fiscal, quien señaló que, pese a haber recibido “un número importante” de cabezas de ganado, apenas 130 de ellas tenían un hierro identificable. “El inventario que hemos entregado representa una contribución modesta a la reparación material. Si se considera el universo de víctimas y de verdad se quiere responder a sus exigencias de reparación, será preciso un esfuerzo fiscal inmenso, que consideramos debe realizar la sociedad colombiana”, añadieron en su declaración las Farc. (Vea: "Se recrudece la violencia contra excombatientes de las Farc y sus familias")

Pero para saldar este tipo de polémicas, el Gobierno se apresuró a expedir un tercer decreto referente al listado de bienes de las Farc, el 1407 de 2017, con el que se crea la Comisión Transitoria de Verificación de los Bienes y Apoyo al Administrador del Patrimonio Autónomo, instalada ayer en la Casa de Nariño. En el mismo se hace expresa alusión a que la destinación de los bienes de la guerrilla que llegarán a ese patrimonio autónomo será la reparación material de las víctimas del conflicto armado y bajo ninguna circunstancia podrán servir para apoyar la reincorporación política de las Farc. Su función principal será, en todo caso, adelantar el proceso de recepción material, verificación y entrega de los bienes que serán custodiados por el administrador del patrimonio autónomo (la Sociedad de Activos Especiales), creado por el decreto 903 de 2017.

La diferencia entre los listados aportados por las Farc y el que tiene la Fiscalía, de todos modos, sigue siendo muy amplia. Para ello, el comité intersectorial, del que hacen parte 10 entidades del Estado, se encargará de revisar que lo entregado por la guerrilla corresponda a la realidad. Entre tanto, las advertencias siguen siendo muy claras: si las Farc dejaron de inventariar alguno de los bienes que han adquirido de forma ilícita a lo largo de estos más de 50 años de guerra, corren el riesgo de perder todos los beneficios que les otorga la Jurisdicción Especial de Paz.