Se reunió ya con el Gobierno

Fiscal de la CPI, de visita por Colombia

La gambiana Fatou Bensouda llegó al país a preguntar, especialmente, por los avances en las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales para determinar a los máximos responsables. 

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Fatou Bensouda (izq.) frente al presidente Santos y otros representantes del Gobierno. / Foto: César Carrión - Presidencia

Fatou Bensouda, la primera experta en derecho internacional marítimo que tuvo su país natal, Gambia, se encuentra en Colombia. Tal como lo había anunciado este diario, la fiscal jefa de la Corte Penal Internacional (CPI) llegó en la segunda semana de septiembre, en una visita oficial que el país no había recibido antes de parte de la persona en cabeza de las investigaciones de ese tribunal internacional. Un tema, en particular, protagoniza la agenda de la funcionaria: los avances de las investigaciones por ejecuciones extrajudiciales. En especial, conocer si las pesquisas para encontrar a los máximos responsables de estos crímenes de lesa humanidad han funcionado.

Para la Fiscalía de la CPI, determinar las responsabilidades máximas de las ejecuciones extrajudiciales es un asunto prioritario y así lo ha dejado claro en cada documento que ha producido sobre Colombia desde que Bensouda es fiscal jefa de este tribunal, cargo en el que se posesionó el 15 de junio de 2012 al suceder al argentino Luis Moreno Ocampo. En noviembre de ese mismo año, al publicar el primer reporte intermedio sobre Colombia, el despacho de Bensouda señaló que “estos crímenes parecen haber sido cometidos a gran escala y de forma sistemática en cumplimiento de una política de Estado o de una organización”, razón por la cual este tema quedó en el radar de la Corte.

El pasado 9 de julio, este diario reveló los detalles del más reciente informe de la oficina de Bensouda, en el cual se indicaba que les seguía la pista en especial a 23 generales y seis coroneles, activos y retirados, que habían comandado unidades militares que podrían estar involucradas en, cuando menos, 1.228 ejecuciones extrajudiciales. Entre esos altos oficiales aparecen los nombres de Juan Pablo Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares; los excomandantes del Ejército Mario Montoya, Jaime Lasprilla y Óscar González, o el general (r) Henry Torres Escalante, el único que ha sido llamado a juicio por un caso de ejecución extrajudicial. Escalante está hoy en libertad tras firmar acta de compromiso con la JEP.

La identificación de los 29 nombres fue un paso conjunto con la alerta que dio la Fiscalía de la CPI en 2016, cuando señaló que, tras una “cuidadosa evaluación tanto fáctica como jurídica”, había reconocido casos potenciales que podrían llevar a la CPI a abrir investigaciones. En otras palabras, durante los últimos cinco años, la Corte Penal Internacional le ha dicho explícitamente a Colombia que, en caso de que las cortes nacionales no determinen quiénes fueron los máximos responsables de las ejecuciones extrajudiciales a partir de 2002 –año en que la CPI empezó a tener jurisdicción sobre Colombia–, este tribunal internacional estaría dispuesto a impartir la justicia que en Colombia no hubo.

Para la Fiscalía de la CPI, un punto de partida clave fue la propuesta que hizo en 2012 el fiscal general, Eduardo Montealegre: ejercer un nuevo enfoque para investigar las ejecuciones extrajudiciales y así poder establecer quiénes, dentro de la jerarquía militar, habían tenido la mayor cuota de responsabilidad en estos crímenes. En ese momento, el despacho de Bensouda tomó nota de la propuesta de Montealegre pues, en su criterio, “la actividad judicial llevada a cabo hasta la fecha no ha logrado esclarecer el contexto y las circunstancias en las que estos crímenes se han cometido, sino que más bien ha perpetuado la impunidad conferida por el desempeño de un cargo oficial en lugar de disminuirla”.

La administración Montealegre estableció que la Fiscalía tenía a su cargo 2.760 procesos de ejecuciones extrajudiciales en los que estaban involucrados miembros de la Fuerza Pública, los cuales habían dejado 3.185 víctimas. La mayoría de hechos investigados habían ocurrido entre 2004 y 2007, durante el gobierno de Álvaro Uribe, período en el cual se presentó el mayor pico de ejecuciones extrajudiciales, en particular en 2007. Justo un año antes de que el país conociera los casos de Soacha, que resultaron siendo la caja de Pandora de esta problemática y les costaron el cargo a 27 oficiales del Ejército.

Desde que se empezaron a investigar estos crímenes, señaló la Fiscalía, al menos 130 sentencias “han destacado la existencia de un plan criminal” y 107 han dejado en evidencia “la existencia de una orden clara para cometer las conductas o de una conducta instigadora”. Los procesos penales, sin embargo, se han ocupado principalmente de hombres que ostentaban el rango de cabo o soldado para la época de los hechos. Las investigaciones contra altos oficiales han sido escasas. En 2015, un año antes de retirarse de la Fiscalía, Montealegre expresó que tomaría decisiones sobre 22 generales, pero al retirarse, ninguna de esas decisiones había cogido forma.

Agenda llena

En general, son cinco los temas que tienen especial atención de parte de la Fiscalía de la CPI. Además de las ejecuciones extrajudiciales están el de desplazamiento forzado, crímenes sexuales, promoción y expansión de grupos paramilitares y el desarrollo del Marco Jurídico para la Paz. La primera reunión de la fiscal Bensouda en Bogotá fue con el presidente Juan Manuel Santos, y luego, con él y otros delegados del Gobierno, como el vicepresidente, Óscar Naranjo; la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín; el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero; el exministro de Justicia Yesid Reyes y la exasesora de Sergio Jaramillo, Mónica Cifuentes.

El lunes en la tarde, el turno fue para la Fiscalía. Más tarde, el encuentro fue en la sede de la Cancillería con los presidentes de la Corte Suprema, Rigoberto Echeverri, y de la Constitucional, Luis Guillermo Guerrero. Este martes, en la agenda está programado un extenso diálogo con el ministro Gil Botero. Y el miércoles, dos encuentros claves: con ONG que han denunciado o manejado casos de ejecuciones extrajudiciales, y con Todd Howland, representante de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos. Este último organismo ha sido clave para que la Fiscalía de la CPI dimensione el drama de las ejecuciones extrajudiciales, pues fue el primero en reportar hechos de esta naturaleza, hace ya 12 años.