Formalización irá de la mano con el catastro

Los retos del acuerdo sobre las tierras

La versión final de lo pactado en La Habana dice que el fondo que garantizará el acceso a la tierra para los campesinos tendrá tres millones de hectáreas. Las fuentes que lo nutrirán abren interrogantes.

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La ANT calcula que el 60 % de las tierras en el país están en la informalidad.
/ Bloomberg

Con el texto final del acuerdo alcanzado en La Habana (Cuba) entre el Gobierno y las Farc, varios sectores que estaban a la expectativa de cómo quedaría el primer punto, el agrario, con respecto a lo ya conocido, no se llevaron mayores sorpresas. Sin embargo, se plantearon ciertas preguntas, sobre todo relacionadas con una de las grandes apuestas del acuerdo: el fondo de tierras. Según la versión definitiva del documento, ese recurso tendrá tres millones de hectáreas por 10 años.

El fondo apunta a garantizar el acceso a la tierra para quienes no la tienen, o por lo menos no en cantidades suficientes. Se nutrirá de terrenos procedentes de la extinción de dominio, recuperación de baldíos indebidamente ocupados, expropiaciones y donaciones. El ente del Estado que tendrá un papel esencial en el asunto es la Agencia Nacional de Tierras (ANT), creada en diciembre pasado para asumir parte de las responsabilidades del Incoder, en liquidación.

La gran pregunta, para muchos, es de dónde, en la práctica, saldrán las tierras para alimentar el fondo que, por demás, se planea que sea permanente. De acuerdo con Miguel Samper, director de la ANT, la entidad que lidera “está levantando la información al respecto y priorizando casos, porque esa es una de las deudas históricas: saber dónde está la tierra por recuperar, en manos de quién y cómo se debe recuperar. Es la hoja de ruta que estamos construyendo”.

Representantes del sector productivo están terminando de digerir lo que se acordó. La Sociedad de Agricultores de Colombia no se quiso pronunciar, pues está estudiando el documento para luego hacer un pronunciamiento oficial. Voceros de Dignidad Agropecuaria no se mostraron sorprendidos ni satisfechos. Según Óscar Gutiérrez, director de Dignidad, el acuerdo no aborda lo que para él está en el fondo de la depresión del sector rural: los tratados de libre de comercio.

Por otro lado, de acuerdo con Yamile Salinas, experta en asuntos de tierras, las inquietudes sobre el fondo están en las fuentes que lo alimentarán. En 2013, Salinas realizó un estudio sobre 307 predios procedentes de extinción de dominio que desde 2010 recibió el Incoder para adjudicar a campesinos sin tierra. “Sólo el 22 % de ellos tenían vocación agrícola y estaban libres de problemas jurídicos (como pago de impuestos, solicitudes de restitución, entre otros)”.

Para el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, la gran incertidumbre está relacionada con la falta de información. El punto sobre el fondo “parece muy completo porque señala de dónde provienen las tierras y el tiempo por el cual estará vigente, sin embargo, la falta de información catastral al momento de negociar da la sensación de que este cálculo fue sumamente intuitivo y no se cuenta con fórmulas de arreglo o corrección de esta situación”, dice el concepto del Observatorio.

Salinas, por su parte, agregó que sobre los baldíos la experiencia tampoco es exitosa, pues se han visto casos como los de Pinoquia-La Venturosa (Vichada) y El Porvenir (Meta), en donde en tierras recuperadas no sólo se han generado nuevos conflictos, sino que se han anunciado otras destinaciones. La Venturosa “está en principio destinada a ser la primera zidres rural, o sea que no irá al fondo. Y en El Porvenir (tierras recuperadas de manos de la familia de Víctor Carranza) se ha anunciado la primera zidres urbana”, dijo Salinas.

Las zidres (zonas de interés de desarrollo rural, económico y social), enfocadas a atraer músculo inversionista nacional y extranjero, son una figura a la cual las Farc se opusieron, al igual que varios académicos, ONG y organizaciones campesinas. De acuerdo con Samper, “las figuras de ordenamiento de la propiedad no tienen un sesgo ideológico y se han venido satanizando equivocadamente, tanto las zidres como las zonas de reserva campesina”.

Según él, es falso que las zidres promoverán el despojo. En cambio, “buscan conectar al pequeño y mediano propietario con el inversionista que tiene el músculo para poner a producir la tierra”. Sobre las zonas de reserva campesina, “se ha dicho que promueven repúblicas independientes o zonas de despeje, lo único que establecen son un plan de desarrollo para esa zona y la no acumulación de tierra allí. Las dos, zidres y reservas, se necesitan para que la tierra que promovía el conflicto entre los ciudadanos ahora sea un factor de unión”, agregó.

Tareas que ya habían comenzado

La otra gran apuesta sobre las tierras es la formalización masiva, un trabajo que el Gobierno había anunciado incluso antes de dar a conocer la versión final del acuerdo. La ANT empezó un barrido predial que cubriría todo el país con el fin de dar luces para el ordenamiento del territorio, tarea que se hará de la mano con el tan esperado catastro rural multipropósito. “La labor de la Agencia es el primer paso. Cuando se sepa de quién es la propiedad pueden entrar las medidas de desarrollo”, dijo Samper.

La ANT calcula que el 60 % de las tierras en el país están en la informalidad. Yamile Salinas opinó: “La formalización masiva no es nueva y el barrido se ha venido haciendo en varias zonas. Lo nuevo es que se liga con la construcción del catastro multipropósito, pero de nuevo tenemos el problema de información, cuáles son los baldíos de la Nación. Para formalizar necesitamos saber cuáles son. En 2014, el Incoder contestó a la Corte que no existe un inventario de baldíos, y aún no existe”.

Para otro elemento del acuerdo, el Gobierno ya había empezado la tarea: el ordenamiento productivo de la propiedad, a través de las zonificaciones que está haciendo la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), la misma entidad que determinará las áreas potenciales para zidres. La UPRA prepara zonificaciones (decir dónde es conveniente cultivar qué) para más de 15 sistemas productivos, de las cuales algunas ya están listas, como las de forestal comercial, papa y palma.

En definitiva, muchas de las intenciones que contiene el acuerdo sobre tierras, agro y sector rural estaban ya consignadas en normas que van desde la Constitución Política hasta la Ley 160 de 1994, entre otras. Asimismo, hay tareas en las que el Gobierno ya se había embarcado —o por lo menos intentado—, como la formalización de las tierras.

Según el Observatorio de Tierras, el Estado debe implementarla, independientemente del resultado del plebiscito, así como el catastro multipropósito y mecanismos de resolución de conflictos “que garanticen la estabilidad de los derechos sobre la tierra”. Así las cosas, gran parte del reto podría estar en impedir que reaparezcan o se mantengan los obstáculos que por años han ido en detrimento del desarrollo rural.