Luchando contra la estigmatización

"En tiempos de paz, esperamos que los sindicatos prosperen": Clara López

La ministra de Trabajo, reconoce que hay  alta impunidad en los crímenes contra esas organizaciones y destaca su papel en el posconflicto.

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Clara López Obregón, ministra de Trabajo, explica que es importante proteger el sindicalismo para un posconflicto exitoso.
Cristian Garavito - El Espectador

Según el registro del Sistema de Seguimiento a los Derechos Humanos (Sinderh), desde el 1° de enero de 1977 hasta el 15 de abril de 2016 se han registrado al menos 14.067 violaciones a la vida, la libertad y la integridad de los sindicalistas en Colombia. Esta cifra, espeluznante y desgarradora, nos consagró como el país más peligroso del mundo para ejercer el derecho constitucional de la libre asociación.

Eso quiere decir que en estos 39 años de violencia sistemática contra los trabajadores organizados han muerto más de 3.000 líderes sindicales y se han denunciado 6.795 amenazas de muerte, 1.893 desplazamientos y cerca de 250 desapariciones forzadas.

¿Cuál es la actitud de este gobierno frente al movimiento sindical?

En los últimos tiempos ha habido un viraje frente al reconocimiento del sindicalismo como institución fundamental para la democracia en Colombia. Durante este largo conflicto armado, el movimiento sindical ha sufrido la estigmatización y el señalamiento. Las estadísticas de homicidios, amenazas y desplazamiento forzado son muy elevadas y sin duda los sindicalistas fueron victimizados y usados como objetivo militar por sectores paramilitares.

Sin embargo, eso está cambiando. Si bien hoy en día aún tenemos cifras muy lamentables de violencia antisindical, éstas no se comparan en nada con nuestro pasado reciente. Desde el Ministerio de Trabajo hemos estructurado una serie de medidas de prevención mediante esquemas de seguridad y estamos tratando de combatir la impunidad a través del trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación. En ese sentido, lo que esperamos es que la firma de los acuerdos de paz abra una nueva etapa de ampliación de la democracia en el país y las organizaciones sindicales puedan prosperar en un ambiente de respeto y de reconocimiento de su papel en el diálogo social. 

En lo que va corrido de este año se han denunciado 80 amenazas de muerte y han sido asesinados ocho líderes sindicales. ¿Qué medidas en concreto está adoptando el Ministerio para garantizar la seguridad y la vida de los sindicalistas? 

Tenemos un trabajo muy envolvente en materia de avance en protección al movimiento sindical. Nuestra consigna en este orden es: “Una víctima es demasiado”. Desde el año 2001 hasta la fecha la reducción de la violencia antisindical es palpable, pero desde luego ocho personas fallecidas es demasiado. Por eso, en la Policía Judicial y en la Fiscalía se han asignado investigadores encargados de atender especialmente estos casos.

Según la información que nos ha suministrado la Fiscalía, en este momento hay 2.411 investigaciones por delitos contra sindicalistas,1.583 de ellas se encuentran asignadas a la subunidad de investigación de delito contra sindicalistas adscrita a la Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos. De acuerdo con el reporte, del total de procesos, 981 se encuentran activos, 556 están en investigación preliminar, 196 en instrucción y 229 en juicio con afectación de 2.006 víctimas. También se señala que han sido emitidas 169 órdenes de captura y se han producido 700 sentencias condenatorias a 574 personas. 

Sin embargo, según las cifras de la Escuela Nacional Sindical, la tasa de impunidad frente a las violaciones a la vida, la libertad y la integridad de los sindicalistas en el país es del 87 %...

El Gobierno reconoce que hay un alto nivel de impunidad y está trabajando para reducirlo. En ese sentido ha habido una colaboración muy cercana entre la Fiscalía y el Ministerio del Trabajo para buscar la asignación de recursos sustanciales en aras de acelerar los procesos y hacer justicia. Además, el programa de protección a sindicalistas ha recibido un presupuesto de US$132 millones y es uno de los más robustos del país. Por otra parte, la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha realizado 2.734 estudios de evaluación de riesgo para los líderes sindicales y entre 2012 y 2015 les otorgó medidas de protección a 2.480 de ellos. En la actualidad la Unidad está protegiendo a 597 dirigentes o activistas sindicales. 

La estigmatización del movimiento sindical ha sido uno de los principales motivos de la persecución en su contra. ¿El Ministerio está trabajando en algún plan para fomentar y promover el sindicalismo en el país?

Desde luego que sí, hay una política pública de legitimación del sindicalismo como una institución clave en la profundización de la democracia en el país y en el mejoramiento del diálogo social. Empieza con un reconocimiento fundamental, contenido en un decreto firmado por el presidente de la República para la reparación colectiva del movimiento sindical por el daño sufrido durante la etapa del conflicto armado. Estas acciones de reparación van a ser objeto de una consideración conjunta entre el Gobierno y el sindicalismo. En este momento ya está consolidada la comisión con representación de las centrales obreras y estamos pendientes de que en la Defensoría del Pueblo se termine de verificar todo lo atinente a la representación sindical para proceder de manera inmediata con el reconocimiento de derechos y la búsqueda de la no repetición de los crímenes.

Algunos estudios afirman que la cifra de asociación sindical en el país ha disminuido en los últimos años. ¿A qué cree que responde este fenómeno? ¿Cuál es la posición del Ministerio frente a esto? 

Efectivamente, en este momento el sindicalismo representa sólo el 3 o 4 % de la fuerza laboral colombiana. Creo que la reducción en el país está en línea con la reducción de la sindicalización a nivel internacional. Estuve mirando unas cifras comparativas y me sorprendió ver que incluso en Estados Unidos ha habido un descenso enorme en el número de sindicalizados. Sin duda, esto afecta los derechos de los trabajadores y está en contra de la madurez de la democracia. 

¿Qué está haciendo el Ministerio para elevar esa cifra?

En primera instancia, le estamos haciendo seguimiento a través de nuestro boletín de trabajo decente. Allí se encuentra el nivel de sindicalización, el número de convenciones colectivas, entre otros indicadores necesarios para entender este fenómeno. Podemos ver que en el último año ha habido un crecimiento significativo en el número de sindicatos. Por ejemplo, de 2011 a 2015 tenemos un aumento de 213 a 565 convenciones colectivas depositadas en el Ministerio de trabajo, eso es un aumento de más del doble en cinco años. Además, estamos trabajando en una línea de inspección, vigilancia y control enfocada a garantizar los derechos de libertad sindical y negociación colectiva. A raíz de eso, tenemos muchos procesos abiertos por violación a los derechos de los trabajadores, en esos casos el trabajo del Ministerio es fundamental porque el Estado debe sancionar las conductas que atentan contra el derecho de la libre asociación. 

¿Cuál cree que es el principal problema de los sindicatos?

El problema central que está debilitando a los sindicatos es que se ha llevado la libertad de asociación con extremos inconvenientes para las mismas organizaciones. Por ejemplo, en el Inpec hay cerca de 170 sindicatos y en este pequeño Ministerio hay ocho. En muchas empresas la gran multiplicidad de sindicatos hace que se crucen los cables y se dificulte el derecho de negociación colectiva. Entonces, llevaremos a la comisión de concertación una reglamentación para que los sindicatos más representativos puedan llevar la vocería sobre elementos de mayor contenido para tratar de conducir la negociación colectiva por el camino de la racionalidad. 

En ese sentido, ¿se puede decir que el papel de los sindicatos se ha tergiversado?

Pienso que la mala interpretación de la jurisprudencia constitucional ha llevado a creer que fundar un sindicato otorga privilegios particulares. A veces, en algunos casos, existen abusos que se deben corregir y castigar porque demeritan el derecho de asociación de los trabajadores y de las trabajadoras. Además, hemos visto cómo algunos sindicatos han reemplazado a las falsas cooperativas de trabajo asociado en la tercerización ilegal. 
 

¿Cuál puede ser la labor de los sindicatos en esta transición hacia un país en paz?

Pienso que el diálogo social cumplirá un papel central en la etapa posterior a la firma de los acuerdo de La Habana. Creo que tenemos que aprender a conducir nuestras relaciones de una manera más cooperativa. Diría que a la polarización, a la estigmatización, al señalamiento mutuo debe seguir una etapa de diálogo y de búsqueda común para crear un concepto compartido de empresa, de sociedad y de nación. Creo, además, que uno de los grandes beneficios que va a traer la paz será la posibilidad de que mediante un nuevo pacto social dejemos atrás tanta desigualdad en lo económico y en lo social, y sobre todo tanta exclusión en lo político. En ese sentido, las nuevas organizaciones sociales y los sindicatos van a desempeñar un papel muy importante en la búsqueda de acuerdos para avanzar en todas las áreas del desarrollo del país. Me parece que el posconflicto será el terreno abonado para la búsqueda de soluciones mediante el diálogo, la deliberación pública y el intercambio de ideas. Ese será uno de los grandes cambios porque de las confrontaciones estériles que han terminado en la violencia, vamos a tener que construir un diálogo eficaz que nos permita generar condiciones de cambio por las vías pacíficas.