La mirada desde la Universidad de Yale

El empresariado después del plebiscito

Pese a la incertidumbre que hay alrededor del acuerdo con las Farc, existen iniciativas empresariales en las regiones que muestran cómo las compañías pueden ayudar a resolver problemas históricos del contexto del conflicto y avanzar hacia el crecimiento económico que promete la paz.

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La Federación Nacional de Cafeteros ya tiene planes de producir café de las áreas más afectadas y de comercializarlo como “café de la paz”.
/ Archivo

El 2 de octubre pasado, el proceso de paz de Colombia, ampliamente divulgado a nivel mundial, se frenó de manera brusca. Una estrecha mayoría de votantes bloqueó los acuerdos firmados en La Habana entre el Gobierno y las Farc, que habrían concluido oficialmente el conflicto de 52 años. El futuro de Colombia ha sido puesto en un limbo. Mientras las facciones políticas intentan cooperar para rescatar partes de los acuerdos y preservar el cese el fuego, existe una creciente sensación de incertidumbre.

El país ve con ansiedad transcurrir los días. Marchas para la paz en las principales ciudades y la entrega del Premio Nobel de Paz al presidente Juan Manuel Santos han dejado claro que los líderes colombianos están bajo una enorme presión para asegurar una paz estable en el futuro cercano. Con tanta atención en la política, uno de los sectores más importantes ha sido olvidado por líderes, medios de comunicación mundiales y nacionales, y hasta el pueblo colombiano: el empresariado. Para garantizar una paz duradera tras el plebiscito, esta omisión se debe corregir. El apoyo del sector privado va a ser fundamental para cualquier solución perdurable.

El 10 de octubre, casi 400 empresarios firmaron una declaración pública haciendo un llamado a Santos, Álvaro Uribe y las Farc, “para que imperen la razón, el interés nacional, el trabajo responsable y comprometido, deponiendo intereses particulares”. Piden que dediquen “sus máximos esfuerzos a la búsqueda pronta y decidida de un acuerdo definitivo, incluyente y sostenible dentro del marco de un ‘Gran pacto nacional’ que conduzca a la unidad de la nación”. Además, se ofrecen para “facilitar, promover y concretar estos necesarios acuerdos, que hoy son un clamor nacional”. La carta es la instancia más importante en la que el empresariado ha ejercido presión a las élites políticas. Aunque muchos firmantes no le tienen fe a que tenga un efecto tangible, ésta representa la movilización de sectores antiguamente aletargados y aumenta la sensación en todo el país de que la situación se debe resolver rápidamente.

Así como el resto del país, el sector privado colombiano estaba profundamente dividido frente a los acuerdos. Históricamente, la riqueza, el estatus y la ideología capitalista empresarial los ha vuelto un enemigo natural de las Farc en las últimas décadas. Muchos líderes empresariales se oponían a los acuerdos, ya que los consideraban demasiado indulgentes y débiles. Para otros, los acuerdos eran hasta peligrosos. En algunas regiones, las empresas presumiblemente han financiado de manera secreta a grupos paramilitares, los cuales se han enfrentado con las Farc y otras guerrillas. Aun así, otros en el sector privado veían las conversaciones de paz de La Habana como una oportunidad para trascender el estancado conflicto armado e impulsar el país hacia delante. Tenían razón.

Tras el reciente voto, la economía colombiana ha sufrido una creciente incertidumbre. Esta continuará deteriorando el panorama económico, en el ámbito de inversión extranjera, por ejemplo, a menos que los cultivos legales reemplacen los ilegales producidos en zonas controladas por las Farc y los antiguos combatientes sean reintegrados a la economía formal. Algunos líderes empresariales creativos ya están tomando la iniciativa.

Antonio Celia, presidente de Promigás, compañía que distribuye casi la mitad del gas natural de Colombia, es uno de ellos. Durante meses ha estado consultando con expertos y ha organizado un programa piloto de energía solar para beneficiar comunidades afectadas en Cauca, una de las regiones más golpeadas por el conflicto. Pese a la incertidumbre que ha seguido el voto del No, Promigás continuará la implementación del proyecto. “El único problema sería si la situación de seguridad se complica”, dice, refiriéndose a la posibilidad de una recurrencia de violencia en la región. Hasta el momento, las Farc han permanecido unidas en su rechazo absoluto a un regreso al conflicto. Pero la paz sigue siendo frágil. Proyectos como el de Celia la pueden respaldar.

Existen iniciativas del empresariado a largo plazo que se deben realizar para asegurar una paz tangible y perdurable. En las regiones andinas del norte, donde son comunes las pequeñas y arcaicas granjas, el sector privado debería invertir en nueva maquinaria y tecnología de punta que ponga al día y vuelva competitiva la producción de cultivos legales en los mercados domésticos e internacionales. La altitud donde se localizan estos predios los hace ideales para el cultivo del cacao, quizás en un esquema regional de “cacao por coca”. Asimismo, la Federación Nacional de Cafeteros ya tiene planes de producir café de las áreas más afectadas y de comercializarlo como “café de la paz”. Mediante este modelo innovador e invirtiendo en campañas de promoción para movilizar el apoyo público para este y otros “cultivos de la paz”, se podría ofrecer un invaluable ímpetu para la sustitución de cultivos ilícitos. Además ayudaría a reconciliar y reunificar una sociedad profundamente dividida.

El sur del país presenta un desafío más grande. Estas tierras contienen la mayoría de los cultivos de coca del país y la calidad de la tierra hace que sean infértiles para muchos otros cultivos. Las mayores oportunidades en este frente son para las grandes empresas del agro, las cuales podrían comenzar a producir aceite de palma y caña de azúcar, ambas a gran escala. Estas empresas tienen la capacidad de superar el paradigma de que el gobierno y sus alianzas público-privadas sean los únicos proveedores de infraestructura –podrían en su lugar invertir en sus propias vías primarias y secundarias para conectar las grandes plantaciones a cadenas de valor nacionales e internacionales–.

Una estrategia paralela podría ser diseñada desde el lado de la demanda. El Grupo Éxito, la corporación más grande de Colombia, dueña de importantes cadenas de supermercados, tiene la capacidad de volverse una fuente principal de reconciliación y desarrollo sostenible. Este les provee alimentos y productos de hogar a colombianos en todos los estratos a través de todo el territorio nacional y tiene un compromiso de trabajar con las comunidades locales. En el Valle del Cauca, la Fundación VallenPaz está liderando un proyecto de campesinos en zonas vulnerables con comercios regionales. Estos comercios cuentan con áreas exclusivas para la venta de productos provenientes de zonas afectadas por el conflicto, promoviendo su compra como un bien social que fomenta su desarrollo.

Proyectos de esta índole, que comprometen a los consumidores en el proceso de reconciliación, podrían ser ampliados a nivel nacional en colaboración con actores como el Grupo Éxito. Este modelo abastecería los mercados indispensables para la transición de cultivos en áreas previamente controladas por las Farc. Con ellos se atenuarían las causas fundamentales del conflicto y se incentivaría una economía legal y productiva.

El proceso será complicado y a veces desagradable. Agricultores en el campo y ejecutivos en las ciudades tendrán que trabajar con quienes anteriormente fueron sus victimarios y que ahora deberán entrar a la fuerza laboral como miembros productivos de la sociedad.

Pero las recompensas serán extraordinarias. Colombia, que fue nominada dentro de las seis economías más prometedoras por The Economist Intelligence Unit en 2009, no ha cesado su permanente búsqueda de inversión extranjera. Superar el conflicto armado sin duda fortalecerá este campo, dándole a Colombia la posibilidad de convertirse en un centro económico regional relevante en las próximas décadas.

El anunciado potencial de crecimiento de la economía nacional a causa del llamado “dividendo de paz” (estimado por la mayoría de expertos de ser entre 1 y 2 por ciento del PIB anual), debe servir como incentivo para emprender esfuerzos de integración. Mejor infraestructura y servicios privados vincularán los mercados rurales y urbanos colombianos, así como los de países vecinos. Sistemas bancarios y financieros privados más sólidos y activos permitirán préstamos e inversión productiva en sitios donde no han existido por décadas. Quizás más importante aún, el sector privado derivará ganancias significativas al ampliar su alcance a nuevos mercados.

A pesar del contratiempo del pasado plebiscito, Colombia sigue a punto de vivir un cambio trascendental. Con tanto potencial para crecer y prosperar, este es el momento para que los líderes empresariales de Colombia se posicionen y permanezcan en la vanguardia y para que jueguen un papel histórico en determinar el futuro de su país.

*Estudiantes de la Universidad de Yale

**Profesor de la Universidad de Yale y director de la Fundación Henry R. Luce del Centro MacMillan de Estudios Internacionales y Regionales.

La versión original de este artículo, en inglés, publicada por la revista Forbes, se puede consultar en este link https://goo.gl/Fs3aJ9