A nivel internacional el modelo ha sido exitoso

Cooperativizar el campo por la paz

Las cooperativas serán las protagonistas del fondo fiduciario de 92 millones de euros que creará la Unión Europea para promover y desarrollar el primer punto de los acuerdos de paz. ¿Cómo se podrían ejecutar estos recursos a favor de los menos favorecidos?

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Más de 100 familias del municipio de Sotará, Cauca, participan en la producción y comercialización de fresa.
Cortesía Coonfecoop

Si en algo coinciden los doce expertos que integraron la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, publicada en febrero de 2015, en el marco de los acuerdos de paz entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, es en que el problema de la tierra fue el origen y el motor de la confrontación armada en el país.

Desde el padre Javier Giraldo, quien sostuvo: “El principal detonante para los conflictos armados en el país a lo largo del siglo XX y hasta hoy ha sido el acceso a la tierra”, hasta el sociólogo francés Daniel Pecaut, cuando aseguró: “Los rastros de violencia y el crecimiento de las Farc son el resultado de la desigualdad social y de la concentración de la tierra”, o el director del Observatorio de Restitución y Derechos de Propiedad Agraria, Mauricio Gutiérrez, quien reconoce: “La mala distribución y asignación de los derechos de propiedad sobre la tierra fue el centro de la perpetuación del conflicto”.

Incluso intelectuales de orillas ideológicas distintas, como Alfredo Molano, María Emma Wills o Sergio de Zubiría, plantean que uno de los factores determinantes de la prolongación de la guerra ha sido, precisamente, la distribución inequitativa de la tierra. Y es que, por ejemplo, según cifras del último censo agrario, el 0,4 % de la población posee el 46 % de la tierra; de las 42,3 millones de hectáreas disponibles para agricultura, 33,8 millones se destinan a pasto para ganado y sólo se cultivan ocho millones. Además, de los cinco millones de pequeños campesinos que viven en Colombia, la mayoría subsiste con 200.000 pesos al mes y el 15 % es analfabeta.

En ese sentido, la Reforma Rural Integral, consignada en el primer punto de los acuerdos de La Habana, busca cerrar las brechas entre el campo y la ciudad al crear condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. Además, pretende “integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía”.

Para lograrlo, el Gobierno y las Farc decidieron, de común acuerdo, que las distintas formas de economía solidaria, en especial las cooperativas, son el modelo de desarrollo agrario que el país necesita para evitar que se repitan los ciclos de violencia. Por eso, uno de los objetivos centrales del punto de tierras es “promover la economía solidaria y el cooperativismo de los campesinos que ocupan mini o microfundios”, mediante la creación e implementación del Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa.

Por eso, impulsar programas productivos como el de la Cooperativa de Productores de Fresa de Sotará (Fresota), será un gran logro para el desarrollo rural del país. Este proyecto, que empezó hace 15 años en medio de la violencia, el abandono y el desempleo, cotidianos en las regiones más remotas del departamento del Cauca, hoy cuenta con el reconocimiento internacional y con la participación de más de 100 familias, que han mejorado en forma significativa sus condiciones de vida gracias a la producción y comercialización de fresas, por medio del modelo de asociación cooperativo. Incluso, sus asociados afirmaron que antes sobrevivían con un salario mínimo, pero ahora reciben más de tres salarios fijos y garantizados. Esta experiencia se ha convertido en un instrumento para la reconstrucción del tejido social en una de las comunidades más afectadas por el conflicto armado en el país.

Los asociados de la cooperativa Fresota trabajan por mejorar la calidad de vida de su comunidad. / Cortesía Confecoop

El eje central del XV Congreso Cooperativo Nacional, que se realizó en la ciudad de Cartagena, el mismo día en que se firmó el acuerdo final en La Habana, fue el aporte del movimiento en la construcción de un país en paz. Francisco García, jefe de cooperación de la Unión Europea y uno de los invitados especiales al evento, aseguró que diez países miembros de la UE crearán un fondo fiduciario de 92 millones de euros para promover y desarrollar el primer punto de los acuerdos de paz. García afirmó que, si bien la distribución de los recursos será una decisión que tomará el Gobierno colombiano después de ir a los territorios y conocer las necesidades específicas de las comunidades, para la Unión Europea lo ideal sería que el dinero se invirtiera en la creación de nuevas cooperativas agrarias y en el fortalecimiento y la capacitación de las antiguas.

Después de una larga sesión de fotos con las cooperativistas colombianas, Paco, como le decían, hizo referencia al papel que desempeñaron las cooperativas agrarias europeas en la reconstrucción del continente después de la Segunda Guerra Mundial y sostuvo: “Si bien son una forma de organización empresarial, su objetivo no es el capital. sino las personas. y por eso pueden ser la clave del posconflicto en Colombia”.

Según García, la distribución equitativa de la riqueza, el empoderamiento colectivo y la democracia, valores propios de la economía solidaria, ayudaron a mitigar el hambre que padecía el continente después de la guerra, diseñaron la política agraria común que todavía rige el comercio y se consolidaron como el modo perfecto para organizarse en el campo porque permitían que los campesinos pobres tuvieran acceso a crédito, tecnología y capacitaciones.

Además, aseguró que en el viejo continente hay una cooperativa por cada 2.000 habitantes y que el gremio aporta el 60 % de la producción agrícola. Entre chiste y chanza, dijo que, cuando en España se reúnen cuatro campesinos, nacen cinco cooperativas y que la forma natural de asociación para todos los pequeños productores de leche o de vino en las regiones del norte de Francia y el sur de Italia son las cooperativas agrarias.

Lydia Phillips, representante de la Asociación de Cooperativas de Canadá (ACC), informó que el gobierno de su país, en asocio con la entidad que representa, financia un proyecto denominado Impact: Mejoramiento del Rendimiento Económico de Cooperativas Agrícolas en Colombia. Esta iniciativa empezó en 2009 con un proyecto piloto en cinco departamentos y un presupuesto total de un millón de dólares canadienses, pero ahora, en vista de los buenos resultados, cuenta con quince millones de dólares de presupuesto y ayuda a mejorar la calidad de vida de cerca de 15.000 campesinos asociados a 55 cooperativas en 11 departamentos del país.

Según Phillips, Impact contribuye al desarrollo social sostenible e inclusivo y le apuesta a la paz en el campo al trabajar con cinco cadenas de valor: café, cacao, hortofrutícola, plátano y lácteos. El proyecto cuenta con la participación de 50 profesionales colombianos, que trabajan en las regiones más remotas del país en la organización de los pequeños productores agrícolas en cooperativas para brindarles asistencia técnica y facilitar el acceso a subsidios y a créditos.

Por ejemplo, Ramón Conde, secretario de Asocafé Lejanías, agradece el acompañamiento y la capacitación que los pequeños caficultores del sur del Meta han recibido en el marco del proyecto Impact, y asegura que en la región están cambiando el cultivo de coca por el de café.

Así, el movimiento cooperativo colombiano cuenta, además, con el apoyo estratégico del Gobierno nacional a través del Ministerio del Trabajo. En medio del acto de cierre del XV Congreso Cooperativo, la ministra Clara López dijo que la hora de la solidaridad por fin había llegado y recordó que el aporte del movimiento cooperativo para la construcción de paz en Colombia se remonta al final de la Guerra de los Mil Días, en 1902, cuando el general progresista Rafael Uribe Uribe creyó que el cooperativismo era el mejor mecanismo para rehacer el tejido social después de la muerte de más de cien mil soldados.

López reconoció además que, como las cooperativas van a participar en casi todos los puntos del acuerdo de paz, es necesario elaborar una política pública y una reforma normativa que las fomente y las proteja. Incluso, la ministra se comprometió publicamente a actualizar la Ley 79 de 1988, marco legal del cooperativismo, a reestructurar la Ley 454 de 1998, que regula la economía solidaria, y a simplificar trámites, reducir costos y agilizar el proceso de creación de las cooperativas.