Para encontrar a más de 60.000 personas

Diferencias a la hora de buscar desaparecidos

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidos deberá trabajar bajo un enfoque diferencial. Es decir, un protocolo que permita evidenciar los impactos de este crimen sobre grupos minoritarios.

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La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas realizará exhumaciones e identificará cuerpos durante 20 años. / Archivo - El Espectador

Hace 30 años, el 30 de agosto de 1987, fue desaparecida por las Fuerzas Armadas Nydia Érika Bautista, militante del M-19 y quien estaba celebrando la primera comunión de su hijo. Sus restos fueron hallados en septiembre de ese mismo año, pero su cuerpo fue declarado como persona no identificada. Tiempo después, los restos fueron devueltos a su familia y descubrieron que en el acta de levantamiento no se hacía referencia a su ropa interior pero sí a otras prendas y a su estado de embarazo. Un indicio, según su hermana Yanette Bautista, de violencia sexual. Las autoridades jamás investigaron esa posibilidad. Su caso es emblemático, no solo por su desaparición, sino por esta violencia.

Las comunidades indígenas y afrodescendientes también han aportado gran número de víctimas a las cifras de desaparición forzada. Pero históricamente han sido discriminados y en las investigaciones y búsqueda de desaparecidos no ha sido la excepción. “Es una situación dramática, porque si para una persona blanca o mestiza la búsqueda de sus familiares ha sido difícil, no se compara con la negligencia e ineficiencia cuando la víctima es afro o indígena”, relató Yanette Bautista, quien ante el sufrimiento que vivió por el caso de su hermana creó la Fundación Nydia Érika Bautista para los Derechos Humanos, que ayuda a familias con casos de desaparición forzada. (Vea: "Sembrando la memoria de los desaparecidos")

La desaparición forzada es uno de los crímenes más atroces en el marco del conflicto y por esa razón se creó la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el marco del conflicto. Su labor es encontrar los cuerpos de hombres, mujeres, niños y niñas que terminaron sepultados en fosas comunes como personas no identificadas es todo un reto, pues además de no tener una cifra oficial sobre el número de víctimas, requiere de un enfoque diferencial para hacer su labor. Es tan compleja la situación que, mientras el Centro Nacional de Memoria Histórica estima que son 60.630 víctimas entre 1970 y 2015, la Unidad de Víctimas tiene registradas 46.887 personas. De esta última cifra, 2.022 son indígenas y 6.833 afrodescendientes.

La diversidad de género, cultural y étnica de las víctimas plantea la necesidad de que la Unidad de Búsqueda actúe bajo un enfoque diferencial. Para la doctora en Derecho Esther Sánchez, quien ayudó a crear la política diferencial en la Fiscalía para el acceso a la justicia de comunidades indígenas, esto significa que se deben tener en cuenta ciertos elementos de la cultura indígena o de grupos étnicos que son diferentes a la mirada tradicional o cultura dominante. Como, por ejemplo, la forma en que se relacionan con la muerte. “El objetivo principal es tener un trato de forma igualitario, bajo la guía de unos manuales normativos que deben ser tenidos en cuenta por las autoridades a la hora de actuar”, agregó. (Lea: "Las escalofriantes cifras de la desaparición forzada")

La Fundación Nydia Érika Bautista para los Derechos Humanos estableció en un informe que el 18 % de las víctimas de desaparición forzada son mujeres y el 20 % son menores de edad. ¿Por qué entonces es necesario el enfoque diferencial? Según Yanette Bautista, en la búsqueda de desaparecidos e investigaciones por este crimen se ha invisibilizado otro delito: la violencia sexual. “El impacto en las mujeres por desaparición forzada es que muchas sufren violencia sexual en su cautiverio. La invisibilidad de este crimen no permite que la sociedad se conmueva. Es un derecho conocer la verdad para que tenga un impacto social”, precisó .

Y agregó: “un ejemplo fue lo que nos sucedió con Nydia Érika. Al principio nos entregaron su cuerpo sin ropa interior, pero nos dio pena reclamar. Cuando estuve con Amnistía Internacional, en la redacción de los informes por desapariciones de mujeres de Ciudad de Juárez (México) y en Guatemala, entendí que es un derecho que se investigue lo que le sucede al cuerpo de las mujeres en cautiverio. Se deben buscar indicios de violencia sexual para lograr una verdad total”.

Otro ejemplo que detalla la necesidad de un enfoque de género es el proceso para encontrar los cuerpos de miembros del resguardo indígena Kichwa San Marcelino en el bajo Putumayo, una comunidad de 1.200 personas que entre 1997 y el 2005 sufrió la barbarie de los paramilitares y fue desplazada a Ecuador. Les desaparecieron a decenas de integrantes y la impunidad ronda el 99 % de los casos. Uno de los hechos más atroces fue la desaparición de cinco niñas entre los 14 y 17 años, que fueron amarradas y obligadas a irse con los paramilitares, quienes las vistieron de camuflado y las pasearon por el pueblo como una muestra de poder militar.

Los cuerpos de cuatro de ellas no aparecen y solo el año pasado la Fiscalía empezó a investigar. “Es un caso de desaparición, reclutamiento y violencia sexual. La discriminación ha sido común y la Fiscalía quería echar pala de inmediato. Nos negamos. Explicamos que era necesario reconstruir el tejido social y realizar un proceso de apoyo psicosocial, porque no se sabe qué impacto puedan traer las exhumaciones de los cuerpos, pues la intervención sería en un territorio que ellos consideran ancestral. Por eso es necesario el enfoque diferencial, para hacer un trabajo previo. Vamos a realizar un proceso de intercambio cultural con comunidades indígenas de Guatemala que vivieron procesos de exhumación en sus territorios para que ellos luego nos enseñen a cómo se debe intervenir”, manifestó Bautista. (Le puede interesar: "Medicina Legal, el brazo técnico y científico de la Unidad de Búsqueda")

Para Esther Sánchez, es fundamental tener una serie de protocolos preestablecidos para “actuar sin daño” en el terreno de una comunidad indígena, pues no todas son iguales y se debe prevenir de antemano nuevas afectaciones. “Se debe garantizar que las comunidades involucradas comprendan cabalmente el sentido de las diligencias que se están haciendo, por lo que se debe contar con un conocimiento etnográfico previo. Hay que modificar los procesos de exhumación e identificación teniendo en cuenta la visión cultural de los indígenas o grupos étnicos”, concluyó.

Otro caso en el que trabaja la Fundación Nydia Érika Bautista es en el acompañamiento de 36 familias del norte del Valle del Cauca –27 de ellas del municipio de Zarzal– a quienes la mafia, en cabeza de Don Diego, les desapareció a sus hijos e hijas a mediados de los 90. “En esos años ellos denunciaron los hechos, pero no los escucharon. Nos tocó volver en 2012 a la Fiscalía y ellos mostraron los papeles arrugados de las primeras denuncias que guardaban en sus bolsillos. Son tales la indiferencia y la indolencia, que a un padre lo han llamado muchas veces en estos años para ir a la morgue a identificar cuerpos de personas blancas, cuando saben que su hijo era negro. Decía que parecía una carnicería. Para evitar estas situaciones, serviría el enfoque diferencial”, explicó Bautista.

“El Estado no ha querido buscar a los familiares de estas comunidades afrodescendientes, los han revictimizado. Además, el trabajo con las familias ha sido muy difícil. Hemos durado siete años para que empiecen a contar su dolor. Viven en silencio su dolor, no lo verbalizan, pero las madres en los talleres al ver las fotos de sus hijos se abalanzan sobre ellas y los lloran. Normalmente cuando un niño muere lo despiden con bailes, en alegría. Pero al no tener un cuerpo es difícil valerlo alegremente. Su proceso sigue interrumpido y aumenta la incertidumbre. Ellos sufrieron lo mismo que las víctimas de Trujillo”, sostuvo la directora de la Fundación Nydia Érika Bautista.

Según las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, aún hay 52.508 familias que esperan encontrar los restos de su ser querido. Su duelo no ha podido cerrarse. Si bien ya pasaron por la etapa de la negación, siguen sintiendo rabia y aún no pueden aceptar lo que les sucedió, pues no tienen un cuerpo al cual llorar. Están en un limbo. Por eso, el rol de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas es su última ilusión para conocer la verdad.