¿Quién paga el desminado en Colombia?

Mucha desinformación hay detrás de quienes creen que los contribuyentes van a terminar pagando la iniciativa de las Farc de crear una corporación de desminado, luego de dejar las armas. Colombia2020 le explica de dónde viene y a dónde va la plata del desminado humanitario.

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Desminador humanitario.
Archivo El Espectador

Desminar Colombia costaría 827 millones de dólares, es decir, 131 veces el presupuesto anual de Bogotá. Así lo estimó la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Daicma) luego de los dos pilotos que se hicieron en las veredas Santa Helena (Meta) y Briceño (Antioquia).

Con esta enorme suma se deben financiar los batallones de desminado del Ejército y las corporaciones civiles que se dedican a este oficio. La gran pregunta que muchos se hacen es si se están usando recursos de los colombianos para pagarles a las organizaciones civiles de desminado. 

Según cálculos del Daicma, desminar cada metro cuadrado cuesta casi 6 dólares y Colombia tiene más de 51 millones de metros cuadrados contaminados. Así que cuando esta entidad dice que desminar Colombia podría costar 827 millones de dólares no es un disparate. A esto se le suma el costo de certificar y equipar miles de nuevos desminadores, tanto del Ejército como de corporaciones civiles. 

El Gobierno designó 500 millones de dólares que se desembolsarán durante los próximos seis años. El dinero provendrá del presupuesto anual del país pero solo se destinará a la capacidad estatal de desminado, es decir, se le entregará gradualmente a la primera Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario, que ya está conformada, y a la segunda que esperan formar antes de que acabe 2017. Juntas tendrán una capacidad de 10.000 hombres.  Según el Daicma, la inversión estatal fuerte será durante los primeros años y luego, cuando los desminadores ya estén preparados y equipados, el proceso será cada vez más rápido y barato.

Pero lo que ha suscitado más preguntas es la financiación de las corporaciones civiles que retiran minas y educan sobre el riesgo, especialmente después de que las Farc anunciaron la creación de Humanicemos, su propia corporación que espera agrupar a más de 1000 hombres y mujeres excombatientes. En este tema es importante aclarar que ni Humanicemos ni ninguna otra corporación civil recibirá dinero directamente del Estado colombiano.

Pongamos el ejemplo de The Halo Trust en Colombia, una organización que llegó a Colombia en el 2006 y hace presencia en otros 19 países. Nunca ha recibido dinero público colombiano. Chris Ince, el director del programa de desminado en Colombia, explica que la organización es sin ánimo de lucro. Eso, explica la Cámara de Comercio de Bogotá, significa que “no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros”. Todas las organizaciones civiles de desminado humanitario que se han acreditado hasta ahora tienen esa característica.

Como las organizaciones civiles no reciben recursos del Estado colombiano, deben buscarlos con otros gobiernos y organizaciones. “En nuestro caso, los fondos provienen solo el 1% de empresas privadas. El resto vienen de organizaciones internacionales u otros países que quieren apoyar. Hemos recibido apoyo de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia, Japón, Países Bajos, Suiza, la Unión Europea y el Programa de Acción Contra Minas de la ONU, entre otros”, explica Ince.

Cuando los recursos llegan directamente de un país contribuyente a la organización, los términos se negocian entre ellos dos. Cuando el dinero viene de un fondo al que contribuyen muchos países, o fondo multidonante, se abren licitaciones públicas y el comité del Daicma elige las propuestas más pertinentes.

Hace poco, por ejemplo, el fondo multidonante de la ONU desembolsó 2.5 millones de dólares para seis proyectos de desminado. Halo Trust propuso limpiar el municipio de Chaparral, Tolima, y consiguió la financiación de uno de esos proyectos. Se espera que dentro de poco el Trust Fund que designó la Unión Europea para el posconflicto también provea financiación para proyectos de desminado.

El Daicma tiene un papel central en todo este proceso pues, aunque no realiza ninguna labor de desminado ni entrega dinero, sí es la que asigna los territorios a cada una de las organizaciones, públicas y civiles. También certifica a todas las organizaciones que quieren retirar minas, hacer educación en el riesgo de explosivos. Para que esa instancia les asigne a los territorios las organizaciones licitantes deben demostrar que tienen capacidad financiera y pueden conseguir la aptitud técnica para hacer el desminado.

“Lo importante es que todas las organizaciones operen bajo los estándares nacionales, que a su vez están basados en estándares internacionales. Así los terrenos que se entreguen estarán libres de la sospecha de minas”, concluye Ince.

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